"Como el Gobierno (de Piñera) no nos hizo caso, nosotros, a través de nuestra Asociación Nacional de Consejeros Regionales, hemos decidido, eventualmente este jueves, hacer las impugnaciones a la Controlaría, tribunales de Justicia y Tribunal Constitucional. Esto avalado por informes de abogados y profesores de Derecho Constitucional. Y no se trata de un capricho: queremos que se respete el estado de derecho y nuestras prerrogativas establecidas en la Constitución y, además, advertir los conflictos que pueden derivar en el ejercicio de la presidencia de los intendentes", aseveró Manuel Millones, consejero por Valparaíso y presidente de la Comisión Jurídica de la Asociación Nacional de Consejeros Regionales (ANCORE), en relación a que los intendentes asumieron como presidente del Consejo y, de este modo, afirma, infringieron la Carta Magna.

Modificación

Modificación

Explica que en 2009, bajo el anterior mandato de la presidenta Michelle Bachelet, se modificó la Constitución, en el artículo 113, y se estableció que el core sería elegido por sufragio universal, en votación directa, en elecciones en conjunto con las parlamentarias, y que además la presidencia del Consejo Regional recaería en un consejero elegido por la mayoría absoluta de los integrantes que están en el ejercicio.

Cuando asume Sebastián Piñera, explica Millones, "envía dos leyes orgánicas: una para establecer la tramitación de la ley de elección directa y la otra de transferencia de competencia, donde se abordan las funciones del presidente del Consejo Regional. Esta situación demora demasiado y los legisladores y el Gobierno, a días del periodo de renovación de los consejeros, deciden actuar con los parámetros anteriores a la modificación de la Constitución".

En relación a los posibles conflictos de esta situación, puntualiza: "Los efectos son que los actos adoptados bajo estas presidencias son nulos ante la ley, ya que la figura del intendente no está legitimada ante la Constitución. Por tanto, independientes de nuestras tendencias políticas, decidimos hacer las respectivas impugnaciones para que sea un core el que se instale en la presidencia, tal como la Constitución lo señala, y no un intendente".

resguardos

Marcelo Carrasco, presidente interino de la Ancore, ratifica y complementa: "Existe una suerte de rivalidad ante la ley y la Constitución, y esperamos que el Congreso tome rápido los resguardos de este vacío legal. Todo esto es producto de la improvisación con la que actuaron los gobiernos regionales".

Y sentencia: "Esta semana vamos a agotar todas las instancias. Para esto solicitamos una reunión con la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) esperando que esta nueva administración sea un facilitador y no un obstáculo como la anterior. Pasa que como Ancore, y en compañía de un grupo de parlamentarios, encabezados por el actual Presidente de la Cámara de Diputados, Aldo Cornejo, planteamos esta situación ante la anterior Subdere sin obtener soluciones".

El caso de la denominada Secta de Colliguay está próximo a un desenlace judicial, luego que la principal imputada en la causa y madre del lactante de apenas 3 días que fue sacrificado en una hoguera por instrucciones del autodenominado profeta, Antares de la Luz, podría ser sobreseída en forma definitiva de la causa.

Mañana, a las 9 horas, en el Tribunal de Garantía de Quilpué, se realizará una audiencia solicitada por la defensa de la joven progenitora, Natalia Guerra Jequier, imputada por el delito de parricidio, quien actualmente permanece recluida en un Hospital Psiquiátrico.

La defensa solicitará exculpar a la mujer de los graves cargos que pesan en su contra, basado en los peritajes psiquiátricos que le fueron practicados una vez concretada su detención.

En su momento, el defensor Claudio Pérez precisó que dicho requerimiento se basa en la nula responsabilidad que le cabría a su representada en el delito de parricidio, cuya pena parte en los 15 años y un día de presidio efectivo.

Lo anterior se fundamenta en un informe del Servicio de Psiquiatría Forense de la Unidad de Imputados, que concluyó que al momento de los hechos la joven estaba psicótica y con un cuadro de enajenación mental. El análisis también diagnosticó que la imputada padecía de un "trastorno delirante compartido y trastorno de personalidad limítrofe con rasgos histéricos y narcisistas".

Lo que resuelva el tribunal tras escuchar los argumentos del defensor Claudio Pérez será fundamental para las decisiones que el resto de las defensas tomen en relación a la causa -a cargo del fiscal de Quilpué, Juan Emilio Gatica-, para evitar llegar a un juicio oral y lograr una salida alternativa.

Por el momento, solo Natalia Guerra y Pablo Undurraga, considerado el brazo derecho de Antares, -en caso de ser declarados culpables- podrían cumplir su pena privados de libertad. Los otros 5 imputados miembros de la secta fueron reformalizados como cómplices del delito de homicidio calificado.