La ministra secretaria general de la Presidencia (Segpres), Ximena Rincón, anunció ayer que el Gobierno de Michelle Bachelet retirará la llamada "Ley Monsanto" de la agenda legislativa.

Tras participar de la primera reunión de coordinación legislativa con los jefes de bancada de los diputados y senadores, así como con los presidentes de ambas cámaras, la secretaria de Estado destacó que el retiro de la ley de obtentores vegetales del trámite legislativo se realizó de acuerdo con la solicitud de la propia Presidenta Bachelet y "que tiene que ver también con uno de sus compromisos de Gobierno".

La idea de este retiro, explicó Rincón, es poder "hacer un análisis que recoja todo lo que se ha conocido en nuestro país e internacionalmente en esta materia y que resguarde los derechos de las comunidades agrícolas, los pequeños y medianos agricultores, (así como) el patrimonio de las semillas en nuestro país".

"Esa es una tremenda señal de la Presidenta y que tiene que ver también con uno de sus compromisos de Gobierno, y vamos a ir obviamente fijando la agenda legislativa y el cronograma dentro de los próximos días", destacó la secretaria de Estado.

estrategia mediática

estrategia mediática

La empresa Monsanto Chile acusó ayer la existencia de una "estrategia mediática carente de bases técnicas" en el que se asocie a su compañía al proyecto de ley de obtentores vegetales, que deroga la actual ley de Semillas para hacer posible la promulgación del Convenio de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV).

"El UPOV 91, aprobado en general por el Senado en 2011, es la actualización de una ley vigente en Chile desde 1994, es decir, 11 años antes de que iniciáramos nuestras operaciones en el país, y es por ello que no entendemos la insistencia en denominar "Monsanto" al proyecto actualmente en trámite", señaló el gerente general de Monsanto Chile, José Ignacio Salazar.

El ejecutivo de la empresa cuyo trabajo en Chile se inició en 2005, aseveró que este proyecto no cambia el marco jurídico de la industria semillera en Chile, ni perjudica a los pequeños agricultores ni a aquellos agricultores que no deseen utilizar variedades comercialmente disponibles.

En un comunicado de la compañía dijo que de tanta o mayor relevancia que la discusión del proyecto de ley mencionado, es discutir el cómo generar una línea de base adecuada de los recursos genéticos disponibles en el país y cómo asegurar su preservación en bancos de germoplasma gestionados por el Estado.

Objetivo

El citado proyecto de ley, ingresado durante la anterior administración de Michelle Bachelet, busca aplicar en Chile la adhesión al convenio UPOV 91, que busca proteger los derechos de propiedad intelectual de quienes crean nuevas variedades vegetales para la industria agroalimentaria.