Los sismos que en los últimos días han afectado a la zona norte del país -y muy en especial a la Región de Tarapacá- han producido especial inquietud. Esta recrudeció con fuerza el domingo pasado, cuando un temblor grado 6,7 en la escala de Richter, con epicentro en las cercanías de Pisagua, obligó a evacuar en forma preventiva la población costera entre Arica y Tocopilla, además de las islas Juan Fernández y San Félix, en la región de Valparaíso, frente a un posible tsunami, tema que fue profusamente difundido a través de todos los medios de comunicación.

Aunque tras ese episodio se esperaban réplicas, hubo una que tuvo lugar el martes, después de las 18 horas, con intensidad de 5,7 grados, que hizo resurgir el temor, avalado por la sumatoria de más de 150 réplicas en dos días, de acuerdo a informes oficiales.

Ante tales hechos, una vez más debemos recordar y subrayar que el nuestro es un país de temblores, lo que nos obliga ineludiblemente a tener siempre viva conciencia de tal fenómeno. Como consecuencia, individual y colectivamente debemos asumir con máxima seriedad el hecho de que debemos estar permanentemente preparados para hacer frente a contingencias como éstas.

En segundo lugar, con lo que hemos visto en los últimos días ha quedado demostrado que existe un sistema de alerta que está funcionando y lo está haciendo bien. Es necesario y conveniente mencionar que lo vivido el 27 de febrero de 2010 dejó una lección que no solamente ha sido bien aprendida, sino que además ha llevado al perfeccionamiento de los sistemas de alerta y prevención.

Aun cuando hay expertos que han señalado que las réplicas comentadas deberían ir disminuyendo poco a poco, no hay que perder de vista que también podría producirse en cualquier momento un sismo mayor, pues ese tipo de fenómenos no son predecibles. Y frente a ello hay que preocuparse de que haya una eficiente adopción de medidas preventivas individuales y grupales.

El primer proyecto que envío la Presidenta al Congreso fue el "Bono Marzo", consistente en un aporte de 40 mil pesos por familia, con el objetivo de fortalecer la protección social y eliminar la brecha de desigualdad que se aprecia en las familias chilenas.

Los programas de asistencia social destinados a grupos vulnerables no son nuevos y en nuestro país, cada vez que se implementan, generan amplios debates en que apreciamos diferentes visiones de carácter político, social y económico. Por lo tanto, tampoco es nuevo el debate que ha generado esta iniciativa. Así, no es novedad que quienes criticaron fuertemente medidas similares aplicadas en el Gobierno del Presidente Piñera, tildándolas de "populistas", "chavistas" e incluso de "ofertones electorales", hoy, sin coherencia alguna, alaben una iniciativa similar solo porque proviene de su sector político y porque "sabiamente" responde a "la sensibilidad social" con que debe actuar el nuevo Gobierno.

Sin embargo, desde la vereda del ciudadano común, las apreciaciones son diferentes. Y lo son porque la ciudadanía ha progresado junto con el país, adquiriendo una madurez, una capacidad de análisis y de reflexión que la convierte en crítica y en opinante imparcial.

Hoy vemos que los ciudadanos no desean ser estigmatizados a través de una intervención social, tampoco quieren ser sujetos de dependencia, de subordinación política ni de clientelización.

Este ciudadano con el cual conversamos a diario es uno que ya ha aprendido que el asistencialismo estatal puede convertirse en un desincentivo al esfuerzo propio y entiende que esta iniciativa de entregar bonos extraordinarios en circunstancias especiales no solamente no ataca las cuestiones de fondo que aquejan a los más vulnerables, sino que tal vulnerabilidad proviene -precisamente- de la carencia de esfuerzos sistemáticos para mejorar su educación y ampliar sus oportunidades.

Se señala que esta política tendería a eliminar la brecha de desigualdad social. Sin embargo, institucionalizar la desigualdad a través de reconocerla, a través de la ayuda permanente de un bono, es asumir que el país padecería de una desigualdad social endémica y sin solución en el tiempo.

Creemos que, en cuanto a políticas sociales de este tipo, es necesario efectuar una resignificación de qué es lo que entendemos por asistencia: si ello es entregar bonos; si la entrega de bonos debe ser parte de una política social y si éstos sirven para superar desigualdades. En definitiva, si vemos a los ciudadanos como sujetos respecto a los cuales es necesario implementar soluciones que les otorguen valor, e implementar políticas que en forma gradual pero sistemática estén orientadas a reducir las desigualdades en el mediano y largo plazo.

Joaquín Godoy Ibáñez

Diputado