Hasta 15 años de cárcel arriesgan los cuatro exfuncionarios de Gendarmería que fueron encontrados culpables del delito de tráfico de drogas al interior del Complejo Penitenciario de Valparaíso, venta que realizaban con la ayuda de una mujer que también fue condenada por los jueces del Tribunal Oral de Quillota, donde se realizó el juicio que se extendió por dos semanas y media.

Se trata de los excustodios Jorge Contreras, Jorge Millanao, Cristián Orrego y Carlos Pacheco, todos con más de cinco años en la institución y funcionarios del penal porteño.

La investigación comenzó en diciembre del año 2010, cuando a raíz de otro caso que llevaba adelante el fiscal Víctor Ávila, de Quillota, descubrió con policías de la PDI que en una escucha telefónica hablaba un imputado con gendarmes a quienes les pedía ingresar teléfonos al complejo de Valparaíso.

A partir de ese momento, el caso fue trabajado con gran reserva entre la misma Institución carcelaria y la PDI.

compleja indagación

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"Fue una investigación muy complicada porque a la cárcel no se pueden meter policías ni personas para vigilar. Utilizando los pocos mecanismos que nos otorga la ley pudimos ir reuniendo los antecedentes que nos llevaron a aclarar el caso", manifestó el fiscal Víctor Ávila.

Reveló, además, que una vez que se conoció la presunta participación de los funcionarios de Gendarmería en ese tráfico de drogas, se tomó contacto con el director nacional de la Institución, quien dispuso de la colaboración de un mayor de Gendarmería quien nos ayudó en las indagaciones. Se trabajó con extrema reserva. No se informó a las autoridad regionales y tampoco se comentó con los otros fiscales", señaló Ávila.

$ 180 mil diarios

El persecutor se mostró conforme y contento con la resolución del Tribunal Oral de Quillota, "porque creo que quedó claro en el juicio que estas personas le vendían droga a los internos. Además, cuando llegaban gendarmes jóvenes los trataban de meter en el sistema", recalcó Víctor Ávila, quien precisó que durante el juicio se logró establecer que las ganancias diarias por gendarmes llegaban a los 180 mil pesos.

El exfiscal de Quillota -hoy de Valparaíso- advirtió que la droga dentro de la cárcel es más cara por la alta demanda y baja oferta.

A las 13 horas del 31 de marzo los jueces del Tribunal Oral de Quillota darán la lectura del fallo, ocasión en la que se conocerán las penas que se otorgarán a los excustodios y a la mujer que los acompañaba en el tráfico ilícito de estas sustancias.

"El tribunal reconoció dos agravantes. Una corresponde a la comisión de un delito por funcionarios públicos y la otra en recintos penitenciarios. El Ministerio Público solicitó penas de 10 años de presidio, pero el tribunal podría incluso fijar condenas de 15 años", comentó el fiscal.

nexo

Además de los cuatro gendarmes condenados, se llevó a juicio a la mujer Fabiola Fuentes, quien participaba haciendo los nexos en el exterior, participando en la organización delictual. Ella era reincidente, pues ya había sido condenada el 2010 por microtráfico.

Operación "Café Oliva"

Además de traficar droga al interior del penal, los imputados eran asiduos de cafés nocturnos, donde gastaban altas sumas de dinero en mujeres, alcohol y droga. Por eso la PDI denominó el caso como "Café Olivo", debido a la habitualidad con la que iban y se reunían en cafés con pierna y al color del uniforme. Según las diligencias realizadas por la policía, en un par de casas fueron encontrados 6 y tres millones de pesos en dinero en efectivo. El resto se lo gastaban a diario. Los condenados siguen recluidos en la cárcel Santiago 1, mientras que Fabiola Fuentes está en el Centro de Orientación Femenina de Santiago.

Dirigentes de organizaciones sociales, vecinales y de trabajadores portuarios reiteraron ayer su disconformidad con el proyecto Puerto Barón, que el grupo Mall Plaza busca construir en el sector de ingreso al plan de Valparaíso.

Incluso, de forma simbólica, colocaron una ofrenda floral en la entrada de la Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV), en calle Errázuriz, para manifestar que, en su opinión, la iniciativa "está muerta".

Del mismo modo, pidieron la salida del gerente general de la portuaria, Harald Jaeger, quien arribó al cargo durante la administración del expresidente Patricio Aylwin.

"El informe de Icomos es un respaldo a las organizaciones ciudadanas que han venido peleando por más de 10 años en contra del autoritarismo de la Empresa Portuaria, que desde su posición plantea un plan de desarrollo que agrede y no contempla que, desde el 2003 a la fecha, Valparaíso ya no solamente le pertenece a Chile sino que es una ciudad patrimonial del mundo", señaló el excandidato a la alcaldía porteña y dirigente portuario, Jorge Bustos.

Arturo Michel, dirigente ciudadano, explicó que "otro de los puntos importantes del informe de Icomos es cuando pide que se respete y se conserve la bodega Simón Bolívar, la cual en el proyecto actual sería cortada y tapada".

A su vez, Osvaldo Campaña, de la Federación de Trabajadores Marítimos-Portuarios de Valparaíso, dijo que "consideramos que Valparaíso se tiene que desarrollar a través del puerto".

En tanto, desde EPV, el gerente de Asuntos Corporativos, Cristian Calvetti, expresó que respetan la opinión de aquellos grupos o personas que puedan no estar a favor del proyecto, "pero insistimos que nuestro plan de desarrollo es una oportunidad para una mirada de futuro y cuya concepción fue planificada hace ya varios años".

Asimismo, señaló que "el informe Icomos no es vinculante", aunque valoran sus consideraciones.

La Corte de Apelaciones de Valparaíso revocó la prisión preventiva para el único imputado por el robo con violencia calificado que afectó en noviembre pasado al experto argentino de la Unesco, Luis María Calvo, que recorría la zona patrimonial.

El caso fue alegado el viernes pasado en el tribunal de alzada porteño, luego de que la defensa del imputado apelara a la revisión de la medida cautelar, sosteniendo la falta de participación de Sebastián Valenzuela Venegas en el robo que afectó al arquitecto el 28 de noviembre pasado en el sector La Matriz.

El 13 de marzo se realizó la audiencia de preparación de juicio oral, ocasión en la que se debatió la prisión preventiva del imputado, cautelar que mantuvo el tribunal. Frente a dicha resolución, su defensa apeló y el viernes la Corte de Apelaciones la revocó.

Cabe recordar que el hecho sucedió pasadas las 19 horas del 28 de noviembre, luego que Luis María Calvo regresara junto a su colega Silvio Mendes Zanchetti al hotel Ibis de Valparaíso, tras concluir una extensa jornada en el marco de su visita a Valparaíso como inspectores de la Unesco.

Pese a la agotadora jornada desarrollada durante ese día, el arquitecto transandino aceptó la invitación de dos altos directivos del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) para recorrer el sector de La Matriz, sin pensar que el paseo traería graves consecuencias.

Christián Matzner, encargado de Patrimonio Mundial e Internacional del CMN, y María José Larrondo Pulgar, coordinadora en la Quinta Región de la misma institución, acompañaron en la ocasión al delegado extranjero, en una salida que, de acuerdo con lo informado por Carabineros, no fue avisada a la escolta que resguardaba a la delegación de Icomos.

En la oportunidad, Luis María Calvo sufrió la sustracción de dos cámaras fotográficas y un disco duro, mientras que sus acompañantes entregaron 82 mil pesos en dinero en efectivo.

El viernes pasado, tras el alegato en la Corte Porteña, los ministros de la Segunda Sala estimaron que "una o más de las medidas cautelares de menor intensidad que contempla el artículo 155 del Código Procesal Penal, permite asegurar los fines del procedimiento", por lo que "se revoca la resolución", fijada por el Tribunal de Garantía.