"Creo que todas las personas, indistintamente de su condición ideológica o política, tienen derecho a tener ficha de protección social, en la medida que tengan las condiciones que justifiquen tenerla", sostuvo ayer el intendente de Valparaíso, Ricardo Bravo, al ser consultado sobre el caso del alcalde de Nogales que contaba con ficha de protección social.

"Quiero ser cauto y decir que no necesariamente una persona porque tenga ficha de protección social significa que en el pasado no haya requerido de los beneficios. En cuanto a los funcionarios públicos, creo que se requiere tener claridad en que los que tienen ficha de protección social se resguarden en que no utilicen o no hayan mal utilizado los beneficios asociados a dicha ficha".

Consultado si ordenará hacer una revisión de los funcionarios públicos que tengan esa ficha y accedan a los beneficios, Bravo manifestó que "los primeros llamados a realizar el control son las autoridades y entes fiscalizadores, como alcaldes y concejales. Los medios de comunicación hacen un trabajo importante en fiscalizar".

Destacó que para la ficha es fundamental "que uno declare los ingresos que tiene. Si hay personas que no han declarado todo lo que tienen, efectivamente se está incurriendo en una falta tributaria y moral. La ficha de protección social tiene justamente como finalidad transparentar cuáles son los ingresos de una persona para poder, de esa forma, dar luz verde a la obtención de beneficios. Y cuando uno falsea los datos está incurriendo en una falta moral y ética tremendamente grande que enloda el esfuerzo que se hace como país para que las personas que lo necesitan tengan esos beneficios.

Otro caso aparentemente irregular que fue detectado el año pasado por la Seremi de Desarrollo Social, correspondió al del concejal Eloy Ibacache, de la comuna de Santa María. Este caso fue denunciado en diciembre por la exseremi María de los Ángeles de La Paz al Juzgado de Policía Local de esa comuna.