Decisión de no elegir presidente provoca primer conflicto en el nuevo Consejo Regional
dictamen. Intendente Ricardo Bravo precisó que debe hacer cumplir la ley orgánica que está vigente, mientras que desde la Alianza temen que el jefe regional pueda quedar expuesto a sanciones administrativas.
El Consejo Regional (Core), encabezado por el intendente Ricardo Bravo, decidió ayer postergar el nombramiento del presidente de la entidad, pese a un dictamen de la Contraloría que concluyó que producto de la entrada en vigencia de la Ley N° 20.390, eran los miembros del Core, elegidos por sufragio universal y de forma directa el año pasado, quienes debían nombrar a un presidente de entre sus miembros.
Ayer, desde temprano, el informe fue objeto de estudio en el Consejo Regional, debido a que aún no existe la ley que transfiere competencias ni atribuciones a esta figura legal, por lo cual hasta ahora sólo tendría un carácter de formalidad.
En la sesión de la tarde, el tema fue puesto en tabla por el intendente, que se comprometió a apoyar a los consejeros en su afán de que la ley de fortalecimiento de regiones -que incluye las competencias y atribuciones del presidente del Core entre otras materias- acelere su tramitación. "No quiero entorpecer lo que ustedes pueden realizar sobre esta materia (...)es un tema polémico y opinable y quiero expresar mi solidaridad con los consejeros en su legítima aspiración de que la ley que está en trámite en el Congreso se apruebe", dijo el jefe regional quien señaló, sin embargo, que dado que ese proyecto no se ha concretado, "tengo que hacer cumplir la ley orgánica que está vigente".
Desde la Alianza calificaron la situación de preocupante, resaltando el entuerto en que el Ejecutivo y el Parlamento pusieron a los gobiernos regionales. "Estamos en una situación de extrema complejidad y controversia jurídica no buscada por este consejo regional ni por el intendente producto de la falta de voluntad del Parlamento de tramitar una ley", dijo el consejero y dirigente de Ancore, Manuel Millones (UDI). "Acá hay un dictamen y al estar publicado es obligatorio para todos aplicarlo. Los intendentes o funcionarios que no respetan un dictamen incurren en faltas administrativas porque están pasando a llevar la Constitución y obviamente son objeto de alguna medida disciplinaria".
"El problema es que no hay ninguna pauta del Gobierno para que los intendentes enfrenten esta situación, porque el criterio que aplicó el señor Bravo es distinto al aplicado por sus colegas de la Araucanía y Los Ríos que lo acataron".
CONSULTA AL TC
En tanto, Mauricio Palacios (PRSD) descartó la posibilidad que el jefe regional sea sancionado. "Creemos que el señor intendente está cumpliendo la ley con su determinación y, a su vez, nosotros también como Nueva Mayoría decidimos que era pertinente darnos un tiempo y mandatamos a través del secretario ejecutivo a que se hicieran las consultas al Tribunal Constitucional, independiente que haya un dictamen de la Contraloría", dijo el consejero.
Palacios calificó como insólito hacer una elección en el escenario actual. "Estamos hablando de elegir un presidente que no va a tener ninguna atribución y en este minuto de acuerdo a la ley orgánica todas las atribuciones las tiene aún el Intendente", concluyó.
Se retoma discusión en la Cámara
El martes próximo en la comisión de Gobierno Interior de la Cámara se retomará la discusión del proyecto de ley de fortalecimiento de regiones en segundo trámite constitucional pues ya fue aprobado por el Senado. Allí concurrirán la ministra Segpres, Ximena Rincón, y el Subsecretario de Desarrollo Regional (Subdere), Ricardo Cifuentes. "El Subdere me manifestó su compromiso de acelerar la discusión y yo también me he reunido con parlamentarios para hacer lo mismo", comentó el intendente Bravo.