Cuando restan pocos días para que comience el debate parlamentario por el proyecto de ley de Reforma Tributaria enviado por el Gobierno, como gremio queremos insistir en la necesidad de dilucidar una serie de interrogantes que plantea esta iniciativa que cambia el sistema impositivo del país y que -según han planteado diversos expertos- podría afectar negativamente la inversión, el ahorro, el crecimiento y el empleo.

Como CRCP consideramos de suma importancia aclarar los resultados que tendría esta reforma sobre los cotizantes de fondos de pensiones y que se estima en una baja del 6% de sus pensiones futura. Lo anterior debido a que los fondos de pensiones no pueden transferir a sus afiliados el crédito del Impuesto de Primera Categoría que afecta a los dividendos de acciones que perciben, y que con el proyecto llegaría a un 35%, compuesto por un Impuesto de Primera Categoría del 25% más una retención del 10% a cuenta de los accionistas, siendo que muchos de los pensionados quedarían exentos de impuestos al momento de pensionarse.

De ahí que como CRCP queremos remarcar que cualquier modificación al modelo económico vigente debe alcanzarse en el marco de una discusión responsable, con altura de mira y consensuada, que incluya a los diversos actores con el propósito de no afectar el desarrollo de la nación, su crecimiento y la generación de empleo.

Reiteramos que medidas como la eliminación del Fondo de Utilidades Tributables (FUT) a partir de la Operación Renta 2018 podría tener un impacto negativo en las pequeñas y medianas empresas, considerando que esta última es una herramienta utilizada principalmente por este sector de la economía como capital de trabajo y mecanismo para el ahorro. No debemos olvidar que muchas de estas pymes son de servicios, por lo tanto no pueden hacer uso de la depreciación instantánea. En nuestra opinión, es posible perfeccionar los mecanismos de esta herramienta sin afectar a las pequeñas y medianas empresas.

De la misma forma, consideramos que el Servicio de Impuestos Internos (SII) debe contar con las herramientas necesarias para fiscalizar y evitar cualquier vulneración de la normativa vigente, sin embargo, las nuevas atribuciones que contempla el proyecto a nuestro juicio generarían un alto grado de inseguridad jurídica, por cuanto otorga al Servicio el derecho a calificar la existencia de abuso sin necesidad de un procedimiento que garantice el derecho a defensa, pasando la entidad reguladora a ser juez y parte.

Por último, planteamos la necesidad de incorporar en este proyecto un mecanismo de redistribución tributaria que beneficie a las regiones, a fin de avanzar hacia un país más equitativo, inclusivo y descentralizado.

Gustavo González Doorman

Presidente de la Cámara Regional del Comercio de Valparaíso (CRCP)