Todos los derechos, sean privados o de carácter social, en cuanto son intereses compartidos y protegidos institucionalmente tienen costos públicos. Es decir, requieren de financiamiento por el presupuesto nacional para su amparo, protección o prestación. Aunque se presente como una paradoja, las libertades y los derechos privados tienen costos públicos. Stephen Holmes y Cass R. Sunstein, profesores de la universidad de Nueva York y Harvard, respectivamente, en "El costo de los derechos", sostienen que desde la perspectiva de las finanzas públicas, todos los derechos son licencias otorgadas a los individuos para que persigan sus propósitos, aprovechando los bienes colectivos, que a su vez incluyen una parte de los bienes privados acumulados bajo la protección de la comunidad.
Contra la convicción tradicional y más difundida -a conveniencia de las elites económicas-, la afirmación de que los derechos sociales a la educación, la salud o la seguridad social son los que tienen un costo directo para el erario público, estos autores la niegan por insuficiente. Para ellos, los derechos a la propiedad privada, a la libertad de expresión, a las garantías procesales de la libertad, a la autonomía contractual o el libre ejercicio de los diversos cultos religiosos tienen también costos directos y cuantiosos para las finanzas públicas.
Los impuestos se cobran a la comunidad en su conjunto, sin importar quienes reciben los beneficios institucionales o los servicios públicos que se pagan con lo recaudado. Las tasas, en cambio, se cobran a beneficiarios específicos en proporción a los servicios que reciben. En nuestro país, impuestos indirectos y generales como el IVA representan un gran ingreso para el Fisco, pero es obvio que la mayoría de los contribuyentes termina financiando leyes o derechos de los cuales o disfrutará muy poco o nunca podrá ejercer. Los sectores a los que les va mejor con ese sistema jurídico deberían contribuir en proporción a ese mejor resultado.
Chile marcó hasta hace pocos años un registro vergonzoso. Como se sabe, todos los países presentan un nivel de inequidad mayor en sus indicadores de distribución de los ingresos antes de considerar sus sistemas tributarios, pero en general todos mejoran esos indicadores una vez que aplican las cargas impositivas. En Chile se produce el efecto inverso. Luego de aplicar las cargas impositivas, los indicadores de desigualdad empeoran. Esperemos que después de esta reforma tributaria lavemos de una vez esa vergüenza colectiva.