Debut de penas de Prestación de Servicios en Beneficio de la Comunidad en la Región
Valparaíso. Se enmarca en la Ley N° 20.603 que permite sustituir condenas privativas o restrictivas de libertad por otras como reclusión parcial, remisión condicional, libertad vigilada simple o intensiva y servicios comunitarios.
José Antonio Poblete tenía una deuda en dinero con la justicia y ninguna posibilidad de pagar. Pero también tenía experiencia en el área de la construcción y supo que la Ley N° 20.603 de penas sustitutivas le permitía cumplir la suya con trabajo comunitario. Averiguó y terminó trabajando en el Parque Quintil, dependiente de la Municipalidad de Valparaíso. Es una de las 37 personas que han accedido a esta modalidad en la Región.
"No tenía dinero, así es que presenté un escrito y decidí cumplir esta pena de trabajo comunitario. Es una buena posibilidad para mantenerse en la sociedad, ya que a nadie le gusta pasar por una situación de encierro en la cárcel", explica este beneficiario de la pena de Prestación de Servicios en Beneficio de la Comunidad (PSBC)
Esta modalidad de cumplimiento le ha permitido adecuar la rutina de trabajo a su disponibilidad de tiempo. Es así como asiste al lugar los martes, miércoles y jueves, de 8:30 a 16:00 horas. En este periodo ha realizado diversos trabajos en terreno en la ciudad y sus alrededores, como el Paseo Juan de Saavedra en la Caleta Portales, Plaza Jerusalén, subida Santos Ossa, Escuela María Eugenia Bombal, Villa fundadores de Curauma, Palacio Baburizza, Plazuela Bellavista, Plaza La Cascada y cerro Placeres, con un total de 168 horas.
"Lo he mirado como un trabajo más, no necesariamente como una pena. Al final del día vuelvo a mi casa con mi familia y me siento útil a la sociedad. Debía una pena y estoy cumpliéndola con horas de trabajo, con una buena experiencia que me ha permitido aprender cosas distintas cada día", agrega.
SUPERVISIÓN
César Corona es supervisor en terreno de la modalidad grupal del Centro de Reinserción Social (CRS) de Valparaíso, y detalla que desde el 27 de febrero, fecha en que comenzó a implementarse el cumplimiento de esta pena sustitutiva en los sectores de Valparaíso y Casablanca, "se han conformado 17 cuadrillas para la modalidad grupal. Es así como actualmente están prestando servicios comunitarios 18 hombres y dos mujeres".
Dice que uno de los aspectos más complejos de resolver en el programa es que hay penados con distintas horas de cumplimiento, por lo que ha sido difícil sincronizar la cantidad de personas por cuadrilla, pero se conforman de acuerdo a la gente con que se cuenta y su disponibilidad de tiempo de cumplimiento.
En tanto, la administración del Parque Quintil valora el compromiso de las personas que han participado. "Hasta el momento ha sido una buena experiencia, no hemos tenido problemas ni ninguna queja, ya que se ajustan a las instrucciones en las mismas condiciones que el resto de los funcionarios. Entendemos que están cumpliendo una pena, pero se les trata en condición de igualdad, respetan horarios y tienen exigencias que cumplir", relata el encargado de personal, Domingo Saavedra.
ROL EN LA SOCIEDAD
Por su parte, el director regional de Gendarmería, coronel Tulio Arce, plantea que con la implementación de la normativa de penas sustitutivas, "hemos avanzado en entregar una mejor atención a los usuarios en el medio libre, que son 4.622 personas en la Región".
Agrega que la institución valora los alcances que la modalidad de Prestación de Servicios en Beneficio de la Comunidad ha tenido a nivel regional, pues ha entregado buenos resultados, especialmente desde la modalidad de cuadrillas, "como una forma de que las personas que han infringido la ley puedan contribuir con la sociedad en la realización de actividades no remuneradas".
En ello, recalca, "ha sido fundamental el apoyo de otros organismos que se han sumado a la misión de reinserción entregando cupos para el cumplimiento".
53 CONVENIOS
Acota que en el caso de la PSBC se han firmado 53 convenios con organismos públicos y privados sin fines de lucro, lo que implica 6.672 plazas anuales disponibles para penados.
También se refiere a las mejoras en infraestructura de los centros a partir de la implementación de la modificación de la Ley 20.603, ya que se ha arrendado y habilitado nuevas dependencias para todos los Centros de Reinserción Social (CRS) de la Región.
En la habilitación de estas nuevas unidades se invirtió $ 211 millones, con lo que la inversión para el primer año de funcionamiento de los centros es cercana a los $400 millones. Además, la implementación de la Ley ha significado la contratación de 29 profesionales específicamente para libertad vigilada, lo cual permite ampliar la cantidad de delegados de esta pena. La institución ha incorporado también a 32 administrativos, cuya función es apoyar a las otras penas sustitutivas.
MÁS PERSONAL
La jefa técnica del Centros de Reinserción Social de Valparaíso, Irma Paz Concha, señala que esa unidad "ha asumido con bastante eficiencia todos estos nuevos desafíos, lo que ha implicado incluso el cambio de dependencias por el crecimiento de la cantidad de profesionales contratados con la modificación de la Ley". Así, se ha duplicado la cantidad de delegados de libertad vigilada y se cuenta con una dotación nueva de delegados de PSBC, además de otros profesionales que complementan el trabajo, que son los supervisores en terreno.
En cuanto al impacto de la implementación de esta ley en los penales, observa que éste "va a ser medible con el tiempo, porque se trata de una pena nueva" a la que deben acomodarse diferentes elementos, pero, acota, "en un mediano plazo creo que va ser considerada una buena medida de cumplimiento, mi opinión es que con el tiempo va a ir en aumento, desde una mirada positiva.