Diversas organizaciones y autoridades solicitan a la Contraloría mantener la revocación de los derechos provisionales de agua en los acuíferos de Petorca y La Ligua, luego de que la asociación gremial Agropetorca A.G. presentara un documento ante el organismo para revertir el decreto dictado por la Dirección General de Agua (DGA) con el fin de enfrentar mejor la sequía.

Al respecto, el Consejero Regional Daniel Garrido (PC), señaló que 'nosotros nos sumamos al llamado de los canalistas de la provincia de Petorca, para que se mantenga la decisión de quitar los derechos provisionales de agua y esperamos junto a toda la comunidad que la Contraloría ratifique esta decisión', señaló la autoridad.

Según explicó por el CORE 'alrededor del 95% de estos derechos corresponden a grandes agricultores y eso lo consideramos una injusticia, por ende, es una medida que debe asumir y mantener este Gobierno para que se vayan resolviendo en parte los temas de escases hídrica', comentó Garrido, interpelando directamente al ex ministro del Interior Edmundo Pérez Yoma, al ex alcalde de Cabildo, Eduardo Cerda Lecaros, y al ex diputado Eduardo Cerda García, que dijo 'formarían parte de los 27 titulares de empresas agrícolas afectadas'.

El ex diputado demócrata cristiano desmintió lo expuesto por el consejero e insistió en que él apoya la decisión de la DGA. 'Son tantas las mentiras que han dicho, tantas, que me han querido involucrar y siempre sin éxito. Han dicho que yo he sacado agua, y todo quedó sobreseído en los Tribunales de Justicia. Y ahora siguen con lo mismo, yo no he hecho ninguna mención ni solicitud, no he hablado absolutamente con nadie para que esto se revierta. No me metan más en estos temas', indicó Eduardo Cerda García.

'Yo creo que tienen que revocarse esos derechos previsionales, pero no se va a avanzar nada por el tema de la sequía. El Gobierno debe inyectar recursos para profundizar los pozos y para que se realicen proyectos a corto y largo plazo', sostuvo el ex diputado.

El abogado de gran parte de los familiares de los fallecidos trabajadores de la Fundición y Refinería Enami-Ventanas (actualmente Codelco Ventanas), Raúl Meza, presentó la semana pasada en la Corte de Apelaciones de Valparaíso una solicitud para que la Fiscalía Regional investigue el proceder del fiscal jefe de Quintero, Mauricio Dünner, a quien acusan de tardanza inexcusable y culposa en el ejercicio de su cargo. Esto luego de que se supiera que las pericias realizadas a 5 ex trabajadores no detectaran presencia de metales en niveles anormales. De acuerdo a Meza, hace dos años y cinco meses el tribunal de alzada porteño, ordenó al Ministerio Público la exhumación de 29 cuerpos de los ex funcionarios de Enami y a la fecha sólo se ha realizado el peritaje en 14 cuerpos, con un total de diez resultados toxicológicos emitidos por el Servicio Médico Legal.

En un fallo en primera instancia el Primer juzgado de Letras de Los Andes, condenó a la División Andina de Codelco a pagar 1.300 millones de pesos como indemnización a los trabajadores activos de la empresa afectados de silicosis.

El pasado 9 de abril, 32 empleados integrantes del Sindicato Unificado de Trabajadores (SUT) de la cuprífera participaron de la última etapa del juicio que buscaba dictar sentencia en torno a los perjuicios morales ocasionados, tras haber adquirido la enfermedad que se genera por inhalar aire contaminado y que hoy los mantiene con diferentes grados de discapacidad.

A poco más de un mes, los resultados son bastante positivos para los mineros, luego de que el tribunal acogió la demanda y falló a su favor, determinando que Codelco deberá indemnizarlos con montos que van desde los 40 hasta los 70 millones de pesos, dependiendo del estado de salud de cada uno.

Para el abogado de SUT Andina, Rodrigo Ruiz-Tagle, es un fallo que marca un precedente si se considera que se trata de trabajadores activos y no como se había dado hasta ahora que las demandas eran masivas pero con ex empleados, como en el caso de Enami-Ventanas, donde en su mayoría son las viudas de los funcionarios los que hoy pelean contra Codelco (ver recuadro).

'El primer Juzgado de Letras de Los Andes, primero reconoce la responsabilidad que tiene Codelco en la enfermedad de sus trabajadores. Operarios que han trabajado durante mucho tiempo para la división. Reconoce esa responsabilidad y, posteriormente, le dice que tiene que indemnizar los perjuicios que han sufrido con ocasión de esto', señaló el defensor a Los Andes Online.

POSIBLE APELACIÓN

Si bien el escenario parece favorable, el jurista explicó que solo se trata de la primera instancia, por lo que aún existe la posibilidad de la cuprífera apele a la resolución. Situación, que a su parecer, es muy probable que ocurra considerando los procesos judiciales anteriores en lo que se ha visto envuelta la empresa.

'Esta es una sentencia que se dicta en un tribunal de primera instancia, quedan recursos en la Corte de Apelaciones y lo más probable es que la división lleve este tema a la Corte Suprema. Ha sido así como ha participado en otros juicios y no vemos que sea un escenario distinto por lo menos hoy día', explicó Ruiz-Tagle, señalando además que lo que se busca es lograr la indemnización y que la estatal deje de apelar reconociendo las consecuencias que han debido sufrir los trabajadores al ser parte de Codelco Andina.