Un tono convocante, donde el llamado al diálogo estuvo presente, marcó el mensaje al país de la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, ante el Congreso Pleno. Aludiendo a sus propuestas de Gobierno, expresó que no se trataba de 'partir de cero'.

Junto con reiterar aspectos fundamentales de su programa en educación, reforma tributaria -que busca recaudar 8.200 millones de dólares- y reforma constitucional, detalló numerosas materias que se propone abordar en su administración. Varios de esos puntos son de especial interés regional, como la reconstrucción de los sectores de Valparaíso destruidos por el reciente incendio y la búsqueda de soluciones permanentes para enfrentar las emergencias; el impulso al turismo mediante normativas de fomento y el otorgamiento de mayores recursos; la creación de un gran puerto en la macrozona central; el impulso a iniciativas para resolver el grave problema de la sequía y reformas a las disposiciones que rigen a la actividad pesquera.

Además, el tema del patrimonio estuvo presente en las palabras de la Mandataria, quien anunció la creación del Ministerio de Cultura y Patrimonio, aspecto relevante para la ciudad de Valparaíso.

También se aludió a la descentralización en la intervención presidencial, formulando variadas propuestas para fortalecer las regiones, entre ellas la elección de los intendentes. Junto a ello expresó su voluntad de abordar el eterno problema del desfinanciamiento de las municipalidades, que en nuestra zona, al igual que en el resto del país, llega a graves extremos que obligan a comprometer el patrimonio mismo de las comunas. Al respecto indicó que el traspaso de diversas funciones de las municipales debe ir acompañado de los recursos correspondientes.

Si bien es cierto muchos de esos anuncios son materia de resoluciones administrativas, la mayoría, los más importantes y de interés general contenidos en la extensa exposición presidencial, son materia de ley, donde es fundamental avanzar dentro de los propósitos de diálogo y participación formulados por la Presidenta, diálogo sin limitaciones dogmáticas para así otorgar fundamentos sólidos y efectivos a las reformas y propuestas.

Tres lacras ignominiosas avergüenzan la imagen de Chile, ponen en entredicho la seguridad del Estado y de sus habitantes y dejan al descubierto la debilidad del Gobierno para afrontarlas.

La primera es la situación subversiva que, en vez de desvanecerse, se acrecienta en la Araucanía. En lugar de combatirla con la energía que el caso amerita, el Gobierno ha declarado que no utilizará allí la Ley Antiterrorista, como si el macabro asesinato del matrimonio Luchsinger-Mackay, el incendio de viviendas de personas inocentes, la quema de campos de cultivo y de maquinaria agrícola no fueran expresiones evidentes del terrorismo que condenan expresamente el art. 9° de la Constitución y la Ley N° 18.314, que está vigente.

La imprudente declaración gubernativa contradice el deber que al Gobierno imponen los arts. 6° y 24° de la Carta Fundamental, acrecienta el temor de la población -que es uno de los objetivos del terrorismo- y alienta a sus impulsores a extremar sus acciones repudiables bajo el manto protector.

La segunda lacra consiste en la blandura con que se tolera el auge del narcotráfico. Este ya ascendió a la categoría de negocio habitual y rentable, protegido por bandas armadas que imponen la ley del más fuerte en las poblaciones en que se asientan. Además de lo repudiable de este comercio, sabemos de las consecuencias dañinas que la adicción produce entre los consumidores. ¿Qué espera el Gobierno para utilizar -si las policías no son suficientes para combatirlo- la fuerza irresistible del Ejército para reducir a los traficantes, incautar su poderoso armamento y devolver la tranquilidad a las familias que viven acorraladas por el miedo a las balaceras?

Una tercera lacra -que ofende a una nación que se ufana de su ingreso a la OCDE- es el incremento del crimen en todo el país. No hay día en que la prensa no revele homicidios escarnecedores, violaciones que quedan impunes o asaltos acompañados de extrema violencia en las personas y en los bienes.

No es edificante -pero se comprende- que algunos jueces no se atrevan a calificar como corresponde a los delitos terroristas de la Araucanía o que un fiscal acreditado deba renunciar a su cargo ante las amenazas a la vida de su familia. Pero lo que resulta incomprensible e incalificable es que un Gobierno que se ufana en representar a una Nueva Mayoría, que cuenta con ejemplares Fuerzas de Orden y Seguridad y con Fuerzas Armadas disciplinadas y eficientes, se olvide de que su primera obligación consiste en asegurar el orden público en el interior del territorio (art. 24-CPR), garantizar el orden institucional de la República (art. 6°-CPR) y cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes a todos sus habitantes, sin excepción alguna.