En estos tiempos en que se demanda por todos elevar los estándares de calidad en educación superior, una minoría en la Cámara de Diputados ha impuesto su voluntad a la mayoría para impedir que la ley restablezca una condición que cinco carreras de la salud nunca debieron haber perdido, esto es, que solo puedan ser impartidas por universidades. Me refiero a kinesiología, fonoaudiología, nutrición y dietética, tecnología médica y terapia ocupacional.

A los ciudadanos razonablemente puede extrañarles que 62 sea menos que 26, es decir, que luego de la votación el Presidente de la Corporación concluya que, como la minoría no autoriza que estas carreas sean exclusivamente universitarias, se rechaza el proyecto correspondiente. Esa minoría es la misma que se opone al cambio del sistema binominal y de la constitución política del país. Considere Ud. también que esa norma que despojó a esas carreras de la condición de exclusividad universitaria no tiene un origen democrático, pues se estableció cuando las leyes no se elaboran ni aprobaban en el Congreso.

Pero, además cabe agregar que todos los colegios profesionales, las comunidades académicas y las sociedades científicas, así como los estándares de formación a nivel internacional recomiendan que el título profesional en estas carreras vaya precedido de la licenciatura respectiva. En otras palabras, que las competencias profesionales requieren de modo imprescindible de una formación académica de alto nivel en las disciplinas científicas concernidas.

La Ley General de Educación, por su parte, dispone que el grado de licenciado debe ser otorgado por una universidad conforme a unos requisitos que la misma ley establece, por lo mismo, de nuestra propia legislación surge un valioso argumento a favor de la exclusividad universitaria para estas profesiones de la salud.

A lo anterior se suma que nuestro país cuenta con un débil sistema de aseguramiento de la calidad y que no es obligatorio ni para las instituciones ni para las carreras consideradas en este proyecto. La conclusión es que estos títulos pueden otorgarse sin ningún control público de calidad. En consecuencia, amparados en lo que un autor ha llamado 'la constitución tramposa', los diputados opositores a esta iniciativa legal -no obstante ser una minoría- han decidido e impuesto que continúe la desregulación y la libertad de comercio en educación. Esperemos que el Senado restituya la sensatez del buen juicio.