Parlamentarios de oposición celebraron ayer la aprobación de una interpelación a la ministra de Vivienda, Paulina Saball, por supuestos retrasos en la reconstrucción de Valparaíso y las zonas del norte afectadas por el terremoto. La Cámara Baja aprobó por 46 votos a favor, tres en contra y dos abstenciones interpelar a la ministra para conocer detalles del proceso de reconstrucción del Ejecutivo en Valparaíso y el norte del país.

El diputado Joaquín Godoy (ind-Amplitud) dijo que con la interpelación 'se parte una nueva etapa de coordinación de la Alianza muy distinta a la que habíamos tenido anteriormente'. Según el parlamentario por Valparaíso, el objetivo de la instancia 'no es otro que el Gobierno apure el tranco y haga su trabajo'. En tanto, la ministra Saball aseveró no estar molesta por la falta de apoyo de los parlamentarios de la Nueva Mayoría, que se ausentaron en gran número de la votación que perdió ayer. De los 67 diputados del pacto oficialista, 33 llegaron a la votación.

Respecto a las denuncias por la demora de la reconstrucción y la mala calidad de las viviendas de emergencia, la secretaria de Estado precisó no entender las críticas. 'No tengo claro a que se refiere con la lentitud', dijo la titular de Vivienda.

En su segunda comparecencia ante la comisión especial que investiga el fraude en la Intendencia Regional bajo la administración de Raúl Celis, el actual consejero René Lues (DC) junto con entregar antecedentes de la forma en cómo operaba la aprobación de proyectos del 6% correspondiente a deportes, cultura y seguridad ciudadana, fue objeto de una serie de interrogantes en razón a que su nombre apareció en varios testimonios recogidos durante la comisión.

Al ser consultado por declaraciones que lo involucran en irregularidades manifestó que ellas son 'totalmente falsas'. 'Nunca he acompañado a nadie al banco ni le he pedido a nadie que reciba recursos para campañas políticas y nunca he hecho campaña con dineros públicos', dijo el consejero regional en una tensa sesión que alcanzó su punto más alto en un diálogo con el diputado Osvaldo Urrutia (UDI), quien le hizo consultas relacionadas con su participación en actos ilícitos a los que alude el informe de la Contraloría y a la pérdida de algunas actas siendo secretario del Core.

'Espero que se termine la persecución política de la UDI de Viña del Mar', dijo Lues. Fue allí donde el presidente de la instancia, Marcelo Schilling, debió recordar el propósito de la comisión y calmar los ánimos. Tras la sesión, Urrutia dijo que 'no tenemos ningún interés de perseguir a nadie políticamente, lo único que perseguimos los miembros de la comisión es averiguar e investigar los hechos y descubrir a los culpables. Y ojalá que esta gente no se dedique más a esta actividad porque la enloda'.

En tanto, Schilling destacó las divergencias entre las declaraciones de Lues y las del exintendente en cuanto al procedimiento para presentar los proyectos. 'El señor Celis sostenía que había una especie de comisión que prefabricaba el acuerdo, por llamarlo así, y que él había dado la libertad de hacerlo porque tenía múltiples ocupaciones en su rol de intendente. En cambio, 'el señor Lues sostiene que el intendente nunca dejó de hacer él mismo esta labor de priorización', dijo el PS, que no descartó volver a invitar a Celis. 'Para darle un cierre a esta investigación su comparecencia será indispensable'.

En el marco de una sesión especial de la Cámara convocada para analizar los efectos y consecuencias del megaincendio en Valparaíso y para sentar, a su vez, las bases para una futura ley especial para la ciudad, el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, dio a conocer que en los próximos cuatro años el Gobierno destinará US$ 541 millones para la reconstrucción de la ciudad.

'La Presidenta Bachelet ha comprometido US$ 541 millones para el plan de reconstrucción de la ciudad de Valparaíso en los próximos cuatro años, es decir, son más de US$ 100 millones por año', dijo el personero al entregar un informe acotado de lo que fue la catástrofe, la cual calificó como 'la peor de la historia del país, donde se consumieron 965 hectáreas, afectó a 2.656 viviendas y dejó 12.500 damnificados'.

Aleuy complementó su intervención con otras cifras, como la evacuación de 12.400 vecinos, un saldo de 15 fallecidos, 1.041 albergados y solo 165 viviendas con daños reparables. Respecto a los recursos movilizados manifestó que se utilizaron 19 helicópteros, diez aviones -seis procedentes de Argentina-, 22 brigadas forestales, 213 unidades de bomberos, 1.500 efectivos del Ejército y la Armada, 500 Carabineros y 196 funcionarios de la PDI, entre otras cifras.

Respecto a las causas de la catástrofe indicó que esto no es exclusivo del Gobierno, sino que otra entidades también deberán determinar. 'Tenemos una idea, pero no tenemos la pretensión de hacer en veinte días lo que no se ha hecho en veinte años', dijo el secretario de Estado que, como primera causa, apuntó al 'mal manejo administrativo en Valparaíso que no es responsabilidad del actual Gobierno ni del municipio, sino que es un proceso de arrastre que viene de hace muchos años'.

Además, hizo referencia al material combustible acumulada en lugares de muy difícil acceso de los cerros de Valparaíso, 'que superaba largamente entre 8 y 10 toneladas por hectárea'.

También aludió a las responsabilidades político-administrativas, como por ejemplo la construcción de solo un 6% de los 45 kilómetros de cortafuegos que debía construir el municipio y que no se realizaron 'por falta de recursos'.

Agregó que el plan maestro para la ciudad debe cumplir con tres condiciones que son las de dar equidad, seguridad y permitir el desarrollo de la ciudad. Aleuy añadió que otro de los puntos que se contempla es el mejoramiento de la conectividad y accesibilidad de los cerros, mencionando además la futura construcción de una compañía de Bomberos en la parte alta de la ciudad.

PROYECTOS DE ACUERDO

En el marco de la sesión especial se aprobaron tres proyectos de acuerdo relacionados con la catástrofe. El primero relacionado con medidas de mitigación como suspender por un año el cobro de contribuciones, cuotas de créditos hipotecarios, u otros gastos. El segundo relacionado con la actualización del plan urbanístico de la ciudad y el último con un catastro exacto de damnificados.

'Tenemos una idea (las causas), pero no tenemos la pretensión de hacer en veinte días lo que no se ha hecho en veinte años'