El Congreso de Chile acaba de dar cumplimiento a un gran deber. Las cenizas del gran capitán de la República van a descansar en la tierra que cubrió de gloria, después de cuarenta años de proscripción, de los que veinte pertenecieron a su noble vida y otros veinte a sus olvidados huesos sepultados en Lima. ¡Honor al Congreso!
Se ha iniciado un proceso de estudio de impacto ambiental destinado a establecer nuevas condiciones de uso para los terrenos del sector Las Salinas de Viña del Mar, donde por décadas funcionaron empresas petroleras, terminal de recepción y procesamiento de combustibles y lubricantes. Estos terrenos, 17 hectáreas en total, son de propiedad de la Inmobiliaria Las Salinas, dependiente del grupo Copec, y constituyen el paño despejado más valioso del plan de Viña del Mar, tanto por su extensión como por su ubicación junto al borde costero, marginado por la avenida Jorge Montt.
Actualmente pesan sobre ese predio restricciones en cuanto a su destino por la riesgosa contaminación que presentan esos suelos largamente utilizados en el manejo de derivados del petróleo. La entidad propietaria busca, mediante un estudio de impacto ambiental, establecer condiciones para trabajos de mitigación de ese problema, lo cual significa movimiento de tierras y disposición de los materiales eliminados. De este modo se podría llegar a terminar con los riesgos existentes, abriendo camino a loteos y diversos emprendimientos inmobiliarios habitacionales, comerciales, de servicios o turísticos en general.
Todo este proceso exige especial rigurosidad, pues una cosa es el mejoramiento del suelo y la eliminación de contaminantes y otra es el impacto que significa la incorporación de 17 hectáreas con diversos destinos a la ya complicada trama urbana de la comuna. Así, resuelto el tema ambiental hay que entrar a considerar otros impactos, como el vial, debido a la ubicación de ese gran paño junto a la principal vía de conexión con Reñaca y Concón; la cercanía con el importante polo comercial situado en el eje 15 Norte, sobre el cual hay profundas inquietudes, y el intenso movimiento de la avenida Alessandri, actualmente en su etapa final de mejoramiento.
Hay inquietudes también en cuanto al impacto de las edificaciones que se levantarán en el sector en análisis.
La inmobiliaria propietaria está haciendo una inversión importante en el estudio ambiental, lo que expresa su disposición a resolver los problemas del suelo. La aprobación de ese análisis dará paso a los necesarios trabajos de mitigación de los riesgos señalados.
Para cerrar el ciclo que permita una armónica incorporación del paño a la estructura urbana de la ciudad, es necesario fijar normas sobre uso del suelo en el área a través de un seccional específico del Plan Regulador Comunal, considerando tanto las propuestas de la empresa propietaria como las exigencias de protección del entorno general de Viña del Mar.
Considero necesario referirme a la carta enviada por el vicepresidente del Colegio de Arquitectos de Chile y vicepresidente de la Cámara de Comercio y Turismo de Valparaíso, Nelson Morgado, respecto al Proyecto Puerto Barón y los dichos del intendente Ricardo Bravo. En primer lugar, porque hace declaraciones infundadas y, aparentemente, sin conocimiento del ordenamiento jurídico vigente acerca del accionar que como secretario regional ministerial (seremi) de Vivienda y Urbanismo me tocó enfrentar respecto a un tema estrictamente normativo, fundado en el art 4 de la LGUC y del artículo 2.3.1. y siguientes de la OGUC. Más grave me parece aún que existiendo todos los canales disponibles, ni la delegación regional ni el colegio a nivel nacional hayan tomado algún contacto con las autoridades del Minvu para poder comprender los aspectos normativos y técnicos que circundan a este caso que ha estado en la agenda pública por años.
He advertido opiniones de personas que no han estado de acuerdo con decisiones que me tocó asumir durante el periodo que ejercí como seremi, las cuales no he comentado por comprender que son emitidas por quienes no pertenecen al ámbito público ni técnico, pero no puedo pasar por alto que el vicepresidente de la asociación gremial a la que pertenezco, emita por medios de prensa un juicio de valor tan grave y tendencioso refiriéndose a una 'interpretación acomodaticia', cuando un arquitecto debe saber de sobra cuáles son las facultades de órganos que rigen la administración de los Permisos de Edificación, Planes Reguladores Comunales y de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. He oficiado al Tribunal de Ética del Colegio de Arquitectos solicitando revise esta materia, pues no es posible que el vicepresidente hable en nombre de dos asociaciones gremiales, emitiendo opiniones personales acerca de temas relevantes.
Muy por el contrario, queda de manifiesto que el vicepresidente toma un rol político cuando indica que las opiniones del intendente afectarán la imagen de la Presidenta, quien, dicho sea de paso, siempre estuvo de acuerdo con este proyecto y así lo manifestó en su discurso del 5 de diciembre de 2006, cuando firmó el decreto que autoriza el contrato de concesión en Valparaíso. A mayor abundamiento, el vicepresidente se expresa indicando que el intendente 'compromete nuestro gobierno', frase que en todas los sentidos se refiere a una preocupación de carácter y tenor político, que en ningún caso corresponde a quien arroga la representación de dos asociaciones gremiales que se suponen neutras y objetivas. Espero que la discusión pública en torno a temas de ciudad permanezca ajena a las discusiones políticas contingentes, a las opiniones descalificadoras de quienes no piensan como uno y podamos relevar los intereses urbanos para construir ciudades más integradas y barrios donde se ofrezcan oportunidades con mayor justicia.