Una de las razones que motivó la fundación de la Cámara Chilena de la Construcción (CCHC) fue la voluntad de los empresarios de promover el acceso de los chilenos a la vivienda. Por ello un eje central del trabajo gremial ha sido impulsar políticas públicas de vivienda, en el entendido de que se trata de un bien social.

Dicho objetivo social es aún necesario hoy dado que el 80% de los chilenos forman parte de la clase media y la mitad de ésta, seis millones de personas aproximadamente, integra la clase media vulnerable: familias que sin el apoyo de políticas públicas no podrán seguir superándose.

De ahí que para promover la adquisición de una vivienda el Estado haya desarrollado diversos instrumentos, como la Política Habitacional y un IVA diferenciado. Pero hoy vemos cómo esa política que posibilitó el acceso a la casa propia de millones de chilenos, está amenazada.

Ello pues el proyecto de ley de Reforma Tributaria (RT) acaba con ella: la vivienda dejará de ser un bien social y pasará a ser un bien de consumo cualquiera, pues los nuevos compradores deberán pagar IVA. Así, una vivienda de UF 3.000 de valor neto (descontado el valor del terreno), por ejemplo, deberá pagar un IVA de $ 9 millones.

Es decir, si una persona compra una vivienda nueva, deberá pagar adicionalmente el 19% del precio de venta final, descontado el valor del terreno. Con ello, el impacto mayor se registrará en viviendas de entre 1.000 y 4.000 UF, precisamente el espectro de la clase media, cuyo precio final aumentará en torno al 13%.

De esta manera, el pago del IVA por la compra de viviendas nuevas y la anulación del crédito especial, constituyen medidas regresivas porque el mayor aumento porcentual del precio final se producirá en el segmento de las de menor valor, dificultando el acceso al crédito hipotecario.

Por todo esto hacemos un llamado a los senadores a escuchar la voz de los actores de la industria y legislar con responsabilidad, teniendo a la vista los hechos. Y a tener una especial consideración hacia regiones, como la de Valparaíso, donde persiste un elevado déficit y muchas familias esperan por ella.

Compartimos la necesidad de que el Estado mejore la educación y avance en la reducción de las desigualdades. Y somos conscientes de que para ello es necesario que busque ingresos permanentes. Pero no podemos estar de acuerdo con las medidas propuestas, porque con ellas se castigará a miles de familias en el país que requieren del apoyo de Estado para acceder a la casa propia.