Hemos participado en la Trigésima Asamblea del Comité de Patrimonio Mundial para llevar la representación de un sitio patrimonial Unesco donde habrá importantes transformaciones. Allí, en la ciudad de Doha, Qatar, se debatió ampliamente sobre temas que preocupan a los porteños.

En el Cabildo del año 1991 participaron todos los estamentos locales, concluyendo que había que conquistar el borde costero para disfrute de la ciudadanía. El impulso por recuperar el borde es fruto de ese cabildo. Ese mandato, traducido hoy en proyectos muy importantes, fue el que he llevado hasta esa Asamblea Patrimonial Internacional para afianzar la voluntad porteña en cuanto a crecer en una nueva ciudad.

Por primera vez en nuestra historia se ha expresado la firme voluntad del Gobierno de Chile para encabezar una acción coordinada tendiente a concretar esa voluntad de progreso. De hecho, los 540 millones de dólares comprometidos para ir en apoyo a los cerros siniestrados hablan claramente de ese compromiso.

En dicha jornada se ha revisado el informe de Valparaíso, donde de los 21 miembros que representa la asamblea, 11 han felicitado las acciones que hemos tomado para poder llevar todo lo que significa el resguardo de nuestro patrimonio, así como todo lo que es la esencia del valor del Sitio del Patrimonio Mundial.

El Valor Excepcional Universal de Valparaíso proyecta, de hecho, la zona sobre la cual la Unesco va a seguir muy de cerca nuestra acción en todo el anfiteatro. Esto nos lleva a cautelar las edificaciones en altura circunscribiéndolas a volúmenes amigables. Pero, al mismo tiempo, damos inicio a la ciudad contemporánea.

Hemos comenzado a diseñar el nuevo Valparaíso del siglo 21, ocupando la meseta de las cumbres con nuevos barrios, con altos edificios que permitan atraer a nuevos vecinos llegados en gran medida desde la capital buscando nuestro paisaje y nuestro clima costero.

Hablamos de una gran metrópoli patrimonial y contemporánea con un tren de alta velocidad y con un nuevo megapuerto que deberá ocupar todos los terrenos del borde, dejando los necesarios espacios de esparcimiento y agrado para el residente y los terrenos para la típica pesca artesanal.

En conclusión, la reciente asamblea nos permite soñar con el nuevo puerto a gran escala, con las obras necesarias en vialidad para su operación eficiente y con un nuevo transporte público donde el metro-cable, integrado a Merval, será el eje de una locomoción moderna, atractiva y eficiente no solamente para nuestros vecinos, sino para los millones de turistas que cada año deberán arribar para visitarnos.

El propio Gobierno se ha comprometido con Valparaíso. Este compromiso nos lleva a expresar nuestro más profundo reconocimiento.

Un reportaje de nuestro Diario ha entregado interesantes elementos de juicio para el análisis de las dificultades de Viña del Mar y que además atañe a la gran mayoría de las municipalidades del país, acerca de las complicaciones para la obtención de recursos para nuevas pavimentaciones y reposiciones de aceras y calzadas. Importantes vías de circulación viñamarinas experimentan severos daños que deben ser soportados diariamente por los miles de conductores que se desplazan por ellas.

La Ley 20.033 de julio de 2005, que modificó la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, transfirió a los gobiernos regionales la función de construir, reponer, conservar y administrar en las áreas urbanas las obras de pavimentación de aceras y calzadas, con cargo a los fondos que al efecto le asigne la Ley de Presupuestos, para lo cual podrán celebrar convenios con las municipalidades y con otros organismos del Estado.

El director regional del Serviu, Nelson Basaes, sostiene que en virtud de esta norma dicha entidad no tiene la obligación de emprender esas obras, aunque el asesor jurídico de la Municipalidad de Viña, Mario Araya, argumenta que los municipios solo son administradores de los bienes de uso público y que en el caso de los pavimentos, la obligación recae en el Serviu y los gobiernos regionales.

Consejeros regionales han expresado que los problemas se derivan del traspaso de estas funciones del Serviu a los gobiernos regionales, que no disponen de los fondos suficientes para atender los requerimientos de los municipios. Y concluyen también que otra de las principales dificultades proviene del excesivo centralismo de los ministerios llamados a solucionar estos problemas.

El consejero regional Roy Chrichton, presidente de la Comisión de inversiones del Core, sostiene que el organismo no puede financiar proyectos de gran envergadura, y argumenta, por ejemplo, que la reposición del pavimento de Agua Santa cuesta unos veinte mil millones de pesos, en circunstancias que el Fondo Nacional de Desarrollo Regional de Valparaíso llegó a los 60 mil millones de pesos en 2013. De este modo, si el Gore financiara esta obra, le destinaría casi la mitad de los fondos de un año.

El financiamiento de estas y otras urgentes obras de nuestras ciudades debería ser analizado seriamente para llegar a una solución viable que asegure los recursos que requieren los municipios.