El ataque sexual y robo que afectó a una voluntaria que trabaja ayudando a los damnificados en el cerro Las Cañas de Valparaíso, uno de los afectados por el gran siniestro de abril pasado, es un hecho grave que debe alertar a toda la comunidad.

Por cierto procede una acción policial y judicial con el fin de capturar y sancionar en forma ejemplarizadora al autor del cobarde ataque. Pero más allá de lo personal, este hecho perpetrado al amparo de la oscuridad de la noche es una agresión contra la solidaridad surgida tras el incendio que tanto daño humano y material ha causado.

Luego del siniestro brotaron en forma espontánea diversas acciones de ayuda solidaria, especialmente por parte de grupos juveniles. En este caso preciso la persona atacada ayudaba en un centro organizado por la Asociación Cristiana de Jóvenes.

Con este ataque y otros que puedan perpetrarse se está desalentando una actitud tan importante y necesaria como es la solidaridad, muchas veces opacada por el materialismo reinante en nuestra sociedad.

Por otro lado, como telón de fondo para este hecho puntual, de acuerdo a declaraciones formuladas a este Diario por una dirigente vecinal, junto a la reconstrucción, lamentablemente, aparece el tráfico y consumo de drogas.

Así, los residentes de las viviendas provisorias y también quienes los ayudan están expuestos al riesgo que supone la droga, sus consumidores y vendedores.

Se pide mayor vigilancia y se echa de menos la presencia de efectivos militares que dejaron la protección del sector quedando la vigilancia a cargo de Carabineros, cuyo personal resulta insuficiente en lugares oscuros, de compleja topografía y con rincones que se convierten en refugio para los delincuentes. El brutal ataque de que fue víctima la joven voluntaria se suma a otros hechos delictuales que inquietan al sector, como son los robos a los damnificados. Se está agrediendo a los más débiles, a los damnificados, y se está atacando también a ese noble sentimiento que es la solidaridad.

Tras estas experiencias la población del sector que se levanta penosamente después de la tragedia, al igual que toda la comunidad, confía en que estos hechos no queden en la impunidad, como desgraciadamente acontece en numerosas ocasiones.

Liberales y socialistas tenemos apreciaciones distintas sobre la desigualdad material. Los socialistas centran su atención en la desigualdad de resultados. Para ellos es siempre malo que haya personas que tengan ingresos monetarios muy superiores a otras. Los liberales no situamos el foco ahí, pues estimamos que, garantizado un mínimo, esas diferencias son inobjetables si son principalmente fruto de la valoración que hace la sociedad de los talentos, el esfuerzo y las decisiones ocupacionales de cada cual. En cambio, concentramos nuestra preocupación en la desigualdad de origen, porque para que la condición anterior se cumpla, no debe haber brechas excesivas entre las oportunidades con que cuentan las personas en las etapas tempranas de sus vidas.

Sin embargo, en circunstancias como las que vive Chile no es difícil conciliar ambas posiciones. Es bastante claro que en nuestra realidad avanzar hacia una mayor igualdad en las oportunidades iniciales es el principal medio sostenible y compatible con un progreso generalizado para ir acortando la desigualdad de ingresos. Y en un país que ha hecho notorios adelantos en la baja de la mortalidad y desnutrición infantiles, la tarea prioritaria en la materia es proveer una educación de calidad accesible a todos, especialmente en los niveles prescolar y escolar.

Ese debería ser un consenso básico de la sociedad chilena. Pero las reformas impulsadas por el Gobierno no apuntan hacia allá. Tan solo un 5% de la mayor recaudación que supuestamente producirá la reforma tributaria será destinado a la educación prescolar. Y de ellos únicamente un tercio se dedicará a los niños entre 3 y 6 años, que es la edad que los expertos consideran crítica para el futuro de los menores. Entre las reformas en tramitación para el nivel escolar, por su parte, no están aquellas que más favorecerían el incremento de su calidad.

No digo que todo lo que está haciendo el Gobierno en educación esté mal. Aumentar la libertad de elección de los padres impidiendo que los colegios financiados por el Estado seleccionen a sus estudiantes en edades tempranas, o exijan un cobro para ingresar a ellos, me parece una buena cosa. Aunque, al mismo tiempo, se busca reducir esa libertad de elección poniendo trabas injustificadas a la creación de nuevos colegios particulares subvencionados e instando a la desaparición de algunos de los existentes por motivos distintos a la calidad de la formación que brindan.

Como la tributaria, la reforma educacional parece hasta ahora mal orientada para conseguir los objetivos que el propio Gobierno dice haberse fijado.