La libertad de expresión es uno de los pilares fundamentales en los que se apoya un sistema democrático. Es la capacidad o facultad que posee toda persona para manifestar, comunicar o difundir a los demás en forma libre lo que piensa.
En un país como el nuestro, entonces, toda persona tiene el derecho de expresar libremente su pensamiento. No obstante, la materialización de este derecho consagrado en la Constitución Política del Estado debe llevarse a efecto dentro del marco legal que rige en el país y teniendo en cuenta, obviamente, el derecho de los demás.
Señalamos esto porque al igual como cualquier otro gremio, el de los pescadores artesanales está ejerciendo su derecho al plantear en forma pública la solicitud de tener la totalidad de la cuota de jibia y manifestar su disconformidad con que se les reserve el 80 por ciento, dejando el 20 por ciento restante a disposición del sector industrial. Hasta allí, todo bien.
El problema surge cuando la manifestación de una idea como aquella se transforma en un hecho que adquiere caracteres de evidente y repudiable violencia que deja como lamentable saldo una destrucción tal de bienes públicos y privados que alcanza a un grado que obliga a intervenir a las fuerzas de Orden. Agrava esto el hecho de que en la manifestación a que nos referimos- y que tuvo lugar en la Avenida España a la altura de la Caleta Portales- se cortó por más de tres horas el tránsito en esa arteria, la principal vía de conexión entre Valparaíso y Viña del Mar.
Solamente en lo que se refiere al daño material provocado a Merval, llegó éste a los 50 millones de pesos, lo que explica por sí solo que la gerencia de esa empresa haya resuelto emprender las acciones legales correspondientes.
Con la acción aludida se atentó, además, contra el derecho que tiene toda la ciudadanía de desplazarse libremente de un lugar a otro. El apedreo a los carros de Merval y el ataque a la estación que hay en el lugar obligaron a suspender el servicio, en tanto que la avenida quedó cortada por neumáticos incendiados y piedras de considerable tamaño que fueron lanzadas a diestra y siniestra.
Ante tal situación, debe identificarse a los responsables y emprender todas las acciones a que haya lugar, destinadas a evitar la impunidad.