Más de setenta proyectos por un monto cercano a los $ 1.200 millones están en investigación en el marco del caso fraude, según reveló el auditor del Gobierno Regional (Gore), Osvaldo Maldonado, cuyo testimonio marcó la jornada de ayer en el juicio por el fraude al Fisco en la Intendencia Regional bajo la administración de Raúl Celis.

El profesional explicó en su declaración de casi cuatro en la Cuarta Sala del Tribunal Oral de Valparaíso, la forma en que se detectaron las irregularidades en el caso de los cuatro proyectos de Valparaíso Joven y también en el título falsificado del exjefe de Finanzas, Sergio Núñez. Maldonado fue parte de los sumarios que se hicieron para investigar estos casos al interior del edificio Esmeralda.

'Entendemos que esos antecedentes van a ser remitidos porque ya existe la coordinación con la Intendencia en ese sentido', explicó el abogado del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Javier Rojas Mery, quien precisó que 'se están haciendo revisiones a auditorías internas por parte del Gobierno Regional a todos los proyectos presentados al concurso de seguridad ciudadana, deporte y cultura'.

En esa línea, agregó que los antecedentes se están remitiendo al CDE de manera gradual, informando, en primer término, de aquellos que no han rendido cuenta o han sido objetados.

'Esto no quiere decir que los $ 1.200 millones sean objeto de delito, lo tenemos que corroborar y ese es un trabajo lento, porque son varios los elementos a evaluar', agregó el profesional.

Durante su testimonio, Maldonado reveló detalles de las rendiciones de cuenta de los proyectos de Valparaíso Joven y de las facturas que facilitó para tal objeto César Mellado. 'Él (Mellado) se reunió con nosotros para decirnos que estaba complicado y nos dijo que Enrique Kittsteiner le había solicitado facturas para rendir proyectos del intendente', manifestó el auditor, quien también señaló que había recibido una advertencia sutil por parte de Kittsteiner.

'Nunca recibí presiones de manera explícita de ningún superior jerárquico, solo una vez el señor Kittsteiner me dijo que tuviera cuidado porque había rumores de que yo también había recibido dinero', relató Maldonado.

De acuerdo a las diligencias que se han hecho en el Gore tras detectarse las irregularidades, el auditor manifestó que en lo que se refiere a los concursos del 2% de Seguridad Ciudadana prácticamente no existió ningún tipo de fiscalización en 2012.

'Se determinó que en los dos concursos no hubo ningún control de admisibilidad ni de evaluación técnica', explicó, agregando que se entregaron de manera discrecional más de $ 1.000 millones. Además, dijo que en los casos de los fondos para Cultura y Deportes 'también hay muchos proyectos que están siendo investigados por irregularidades'. Al respecto, el fiscal José Uribe, confirmó que 'no se hizo la etapa de evaluación técnica ni admisibilidad en ningún tipo de concurso, lo cual él (Maldonado) ratificó y es algo que siempre hemos mantenido', dijo el abogado añadiendo que su testimonio era clave porque 'fue la primera persona que tuvo conocimiento sobre estos hechos como auditor'.

En la jornada también testificó el exvicepresidente de Valparaíso Joven, Renzo Muñoz, quien reconoció que la entidad estaba ligada a Renovación Nacional y que su origen fue idea de Claudio Uribe, presidente de la entidad e imputado en la causa junto con Enrique Kittsteiner y Sergio Núñez.

La Comisión Regional de Uso de Borde Costero (CRUBC) de la Región de Valparaíso puso término al dilatado conflicto por la concesión de la playa Las Gaviotas, también conocida como Caleta Grande, en la costa de Laguna Verde.

El territorio era fuertemente disputado por la fundación Curaumilla, que argumentaba requerirla para la conservación natural de la zona, en contraposición a las empresas acuícolas Marine Farms y Costa Viva, que aludían fines productivos e innovación con el negocio de la langosta que se extrae en Juan Fernández.

La comisión presidida por el intendente Ricardo Bravo e integrada por representantes de diferentes servicios públicos y la Armada, resolvieron rechazar la solicitud de concesión de la fundación. Lo mismo ocurrió con una petición de Marine Farms para ampliar su despliegue en el sector.

Sin embargo, el CRUBC determinó renovar un permiso con que esta última empresa contaba y aprobar concesionar un espacio solicitado por Costa Viva.

Al término de la sesión, Andrés Honorato, líder de la fundación Curaumilla, lamentó la decisión de rechazar su requerimiento, pero se mostró confiado en que la subsecretaría para las Fuerzas Armadas, revierta la votación de ayer. 'Esto no es vinculante', recalcó.

Por su parte, Aldo Madrid, gerente general de Marine Farms, dijo estar decepcionado por la forma en que llevó el proceso de concesión. A su juicio, para compensar el rechazo a la fundación, también denegaron la nueva solicitud que su empresa había hecho. 'Aquí claramente hay un tema de presiones políticas', dijo.