Diferentes mecanismos e intenciones estarían detrás de los cerca de 50 casos que analiza la Intendencia de Valparaíso para determinar posibles fraudes o errores en la asignación de recursos estatales especialmente destinados a las víctimas del último gran incendio en los cerros porteños.
La información fue confirmada por el propio intendente Ricardo Bravo, quien explicó que cada eventual 'falso damnificado' está siendo indagado por un equipo especial compuesto por abogados del Gobierno. 'Hay una revisión de una cantidad de casos y, por supuesto, nosotros estamos recepcionando todos los antecedentes. Estamos trabajándolos con una fiscalía que hemos creado especialmente para estos efectos', afirmó el jefe regional, agregando que se ha dispuesto de profesionales como trabajadores sociales y arquitectos que realizan visitas a terreno para pesquisar las posibles anomalías.
DIVERSIDAD DE CASOS
El intendente explicó que existen diversas situaciones que han podido detectar en las revisiones preliminares.
'No solamente estamos revisando cuestiones de falsos damnificados, ya que eventualmente hay personas que han entregado antecedentes que no son los que corresponden o han señalado que vivían en lugares donde no vivían o arrendaban en lugares donde no arrendaban', señaló.
Al mismo tiempo, dijo que existen distintos tipos de falsificaciones, por ejemplo, 'personas que se adscribieron a subsidios de acogida o arriendo, pese a que sus casas están ya en condiciones de funcionamiento o nunca dejaron de estar en sus casas porque tenían un daño menor', precisó el intendente.
En tal sentido, Ricardo Bravo subrayó que en la indagatoria que por estos días realiza la Intendencia podrían determinarse también 'situaciones de orden administrativo', que no constituyan ilegalidades.
FISCALÍA Y CDE
Bravo reconoció su interés en que la investigación se haga con celeridad. Así, dijo que espera que los resultados se conozcan antes del último día de julio.
'Cuando nosotros establecemos que hay dolo, en ese caso tenemos que proceder a entregar los antecedentes al Ministerio Público para que sean ahí donde se haga la investigación correspondiente', aseveró.
Agregó que, por otro lado, podría existir un conjunto de casos de tipo administrativo en los que se exigirá que las personas restituyan los beneficios económicos entregados tras el incendio.
'Las otras situaciones son cuando pesquisamos que por error o equivocación, tengamos que pedir la restitución de esos bienes y eso se lo pedimos al Consejo de Defensa del Estado (CDE)', sostuvo, aclarando que en estos casos se deberá verificar que no hubo una intención efectiva de fraude.
La autoridad recordó que existen otros dos casos que ya fueron denunciados a la Fiscalía y que la Policía de Investigaciones indaga posibles delitos en esas acusaciones. 'A la fecha llevamos dos querellas, una de ellas entiendo que la persona querellada tomó contacto con funcionarios del Gobierno Regional para efectos de ver la posibilidad de hacer su restitución (de beneficios) inmediata', informó.
El intendente también comentó que paralelamente se está desarrollando una auditoría en el Gobierno Interior, 'para establecer cada una de las cosas (ayudas estatales). Dónde están, a quién le fueron entregadas, para que también exista claridad de dónde finalmente estuvo el destino de los distintos implementos, equipamientos que entregó el Estado a los damnificados'.
CIERRE DEL PROCESO
Por otra parte, el intendente de Valparaíso informó que el próximo 31 de julio se pondrá término al periodo de recepción de antecedentes de las personas damnificadas. 'No quisimos que nadie pudiese decir que no tuvo la posibilidad ni la alternativa (de declarar su situación)'.
Respecto a las razones que podrían tener las personas para dar cuenta de sus casos tan tardíamente, Bravo reconoció que 'lo estamos revisando. (...) Nosotros nos hacemos la misma pregunta de sentido común que usted me plantea, es la pregunta que nosotros nos hacemos'.
31
2
7
