Dentro de los proyectos de desarrollo portuario en la zona central del país se contempla la construcción de un terminal marítimo de gran capacidad de transferencia y para ello se están considerando diversas ubicaciones.

Una alternativa sería la expansión hacia el norte del puerto de Valparaíso, es decir, un crecimiento en el área Barón utilizando los terrenos que por más de un siglo ocupó la desaparecida maestranza de los Ferrocarriles del Estado.

Un desarrollo en esa dirección requiere, esencialmente, de un acceso expedito al sistema de carreteras que conecta Valparaíso con el resto del país.

Este acceso sería por el sector Cabritería, cruzando una quebrada y parte de los cerros Placeres y Barón. Lógicamente esta entrada cruzaría la avenida España, para lo cual se debe considerar un paso a desnivel, superior o inferior, evitando así problemas en esa arteria estructural de intenso movimiento. En otros sectores, este acceso tendría que contemplar puentes y túneles en un trazado total de 12 kilómetros hasta alcanzar la Ruta 68, buscando además una vinculación con la Vía Las Palmas que facilita el acceso al norte del país y también a la carretera internacional que, cruzando el paso Los Libertadores, llega a Mendoza.

Han informado las autoridades del Ministerio de Obras Públicas que se están estudiando siete alternativas para el trazado Cabritería, obra que tendría un costo de 200 millones de dólares y que se podría ejecutar en un plazo de hasta 8 años.

Con ese acceso por el norte y el ingreso al terminal por el área sur, actualmente en operaciones, la posibilidad del desarrollo de un megapuerto en Valparaíso podría ser una realidad, ya que se aumentaría notablemente la capacidad de transferencia de carga y, consecuentemente, las recaladas de naves de grandes dimensiones. Una tarea complementaria para el desarrollo planteado es asignar un rol importante a la conexión del terminal con el sistema ferroviario, debido a la capacidad que esa modalidad ofrece para el transporte de diversos productos.

Es necesaria en el tema del megapuerto una visión global, considerando que las inversiones en conectividad que se determinen contribuirán a fortalecer la competitividad del terminal, competitividad no solo de alcances nacionales, sino que también internacionales.

Entre las curiosidades de última hora que traía el proyecto de Ley de Reforma Tributaria (PLRT), destaca la 'renta atribuida'. Decimos 'de última hora', pues -al revés de lo que se ha pretendido por sus partidarios- esa idea jamás existió, ni se conoció, ni se propuso en el programa de la candidata Michelle Bachelet y, por lo mismo, tampoco formó parte del supuesto compromiso aprobado por la ciudadanía al elegirla.

Si se compara la fundamentación del mensaje con el que la Presidenta elegida envió el PLRT a la Cámara de Diputados, con su contenido, se advertirá que en la motivación del proyecto ni siquiera se menciona semejante novedad. La 'renta atribuida' (R.A.) es un injerto ideológico introducido en el PLRT, que carece de sustento en la Constitución Política vigente y en el concepto de 'RENTA' que ésta regula y garantiza.

Como se sabe, cuando la ley ha definido una palabra para ciertas materias 'se les dará en éstas su significado legal' (Art. 20- Código Civil). Pues bien, la expresión renta estaba claramente definida en el Art. 2° de la Ley de Impuesto de la Renta (D.L. Nº 824 de 1974) al entrar a regir la Constitución de 1980.

Dice el artículo citado que se entenderá: '1.- Por 'renta', los ingresos que constituyan utilidades o beneficios que rinda una cosa o actividad y todos los beneficios, utilidades e incrementos de patrimonio que se perciban o devenguen, cualquiera que sea su naturaleza, origen o denominación'.

'Para todos los efectos tributarios constituye parte del patrimonio de las empresas acogidas a las normas del artículo 14 bis, las rentas percibidas o devengadas mientras no se retiren o distribuyan'.

Y ni la definición de renta ni la de ninguna de las variantes legales del mismo artículo es compatible con la 'renta atribuida' introducida en el PLRT; por lo que -por esta sola circunstancia- ella es inconstitucional.

Pero, además, el hecho imponible -o hecho tributario o hecho gravado, como también se le llama- en toda la historia tributaria de Chile, es decir, en la Constitución de 1818 (Cap. II, Art. 3°), la de 1828 (Art. 126), la de 1833 (Art. 12-3º), la de 1925 (Art. 10 N° 9) y la de 1980 (Art. 19 Nº 20) requiere, esencialmente, ser un hecho real, concreto y determinable -sea como percibido o como devengado- en el patrimonio del contribuyente. Nunca el hecho imponible fue un mero cálculo hipotético como es la R.A.; es decir, siempre fue un bien o un derecho, pero nunca una mera expectativa como lo es la R.A.

La expectativa está definida en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española como 'esperanza de realizar o de conseguir algo'.

Jamás, en ninguna parte del mundo, las esperanzas han sido gravadas con impuestos.