Los gremios del sector marítimo portuario de Valparaíso valoraron el reimpulso que el MOP y el Gobierno Regional le entregaron al proyecto del acceso norte a la ciudad por Cabritería.

En una reunión liderada por el intendente, Ricardo Bravo, y a la cual también asistió el presidente del directorio de EPV, Raúl Urzúa, se decidió reactivar esta iniciativa para lo cual el MOP ya estudia siete alternativas con una inversión mínima estimada en US$ 200 millones.

'Es evidente que si se va a desarrollar una expansión en Yolanda hace falta un acceso por el norte', comentó el presidente de la Federación Regional de Dueños de Camiones, José Egido, quien manifestó que 'el puerto cuenta actualmente con un acceso y salida que no tolera más de 50 o 60 camiones por hora circulando en forma simultánea'.

El dirigente del transporte también manifestó su voluntad de participar de alguna forma en lo que será la estructura de la vía. 'Debe diseñarse y concretarse para el tránsito de camiones y ojalá pudiéramos participar para dar a conocer elementos técnicos para una conducción más segura como el ancho de las bermas, pistas de emergencia, la altura máxima si es que hay túneles', enfatizó Egido.

En tanto, el vicepresidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Agentes de Naves (Asonave), Carlos Manterola, destacó la intención de desempolvar la iniciativa dada la necesidad de aumentar la conectividad intraportuaria. 'Me parece de la mayor importancia el que se estudie y ojalá se ponga en construcción lo antes posible pues sin esta conectividad el puerto se ve muy complicado', manifestó el personero, agregando que el desarrollo portuario de Valparaíso por el norte 'es una lucha permanente que hemos tenido'.

Sobre la opción de que esta sea una señal para implementar el Puerto de Gran Escala (PGE) en Valparaíso, manifestó que 'somos partidarios de potenciar los dos puertos y no crear más divisiones entre Valparaíso y San Antonio... no hay que hacer puertos competitivos sino complementarios'.

'Cabritería es la solución para Valparaíso', dijo.

Antecedentes relacionados a 24 proyectos no rendidos, por una suma de 212 millones de pesos correspondientes a los fondos del 2% de Seguridad, Deporte y Cultura, respectivamente, entregó ayer el intendente, Ricardo Bravo, al procurador fiscal del Consejo de Defensa de Valparaíso, Enrique Vicente.

En la oportunidad, el jefe regional comentó que existían proyectos por cerca de mil millones de pesos que no estaban rendidos. Hasta la fecha, un total de 52 proyectos por un monto de 291 millones de pesos (entre ellos los 24) ya fueron entregados al CDE, con el propósito de que los abogados de la Unidad Penal los analicen y resuelvan si existe algún tipo de delito e inicien las acciones penales correspondientes o el juicio de cobranza.

Por otra parte, Bravo expuso que ya hay iniciativas por 240 millones que fueron rendidas y cuyos documentos son revisados por el personal de la Unidad de Fiscalización. 'Finalmente será la Unidad de Auditoría la que determine si dichas rendiciones están correctas', comentó.

Ricardo Bravo manifestó que la gestión realizada ayer es una obligación establecida en el informe de la Contraloría, organismo que indicó las medidas que se debían adoptar en gestión correctiva de lo que fue la auditoría del 2 %.

'De los mil millones de pesos sin rendir, hemos acotado eso a cerca de 240 millones menos que ya han sido rendidos. Además, tenemos hoy 52 proyectos que alcanzan un monto de 291 millones de pesos que hemos enviado al Consejo de Defensa del Estado para generar la cobranza', dijo Bravo. Agregó que 'estos proyectos que hemos traído son carpetas que ya fueron fiscalizadas por tres profesionales que están revisando las iniciativas no rendidas'.

Consultado sobre la situación del proyecto adjudicado a los Hermanos Fillol y que también fue objetado por la Contraloría, el jefe regional sostuvo que 'en este caso hay un proceso que la Contraloría nos pidió acotar. La materia que nos planteó la Contraloría fue la revisión de las rendiciones y si no es satisfactoria, procederemos a enviarlo a cobranza al CDE', advirtió Bravo.

El jefe regional llegó hasta el CDE acompañado por Enrique Escobar, jefe de la División de Análisis y Control de Gestión, quien entregó detalles sobre el estado de los distintos proyectos revisados.

'De los proyectos fiscalizados, se plantean distintas situaciones. Comenzamos con la revisión de los proyectos más grandes que son por unos 36 millones de pesos. En algunos casos dijeron que iban a rendir dentro de los próximos días, pero pasaron los días y no lo hicieron. Los empezamos a enviar de a grupos al CDE', indicó.

Informó, además, que dentro de estas iniciativas se encuentran dos proyectos aprobados a una misma organización, por cuatro y dos millones de pesos, y la existencia de otros que podrían constituir algún tipo de delito.

Adelantó que en el caso puntual de los hermanos Fillol, sus antecedentes serían enviados dentro de los próximos días al Consejo de Defensa del Estado.

'Se pidió a Fillol que aclararan gastos de restorán y de las clínicas de tenis realizadas y no ejecutadas. Se justificaron los ítems de restorán y también de las clínicas. Estos últimos se están chequeando. Ellos dijeron que se agendó, pero que no se pudo realizar por problemas climáticos', expresó.

El procurador fiscal del Consejo de Defensa del Estado, Enrique Vicente, informó que tres de los seis abogados que componen la Unidad Penal de Valparaíso se encuentran chequeando los antecedentes que les ha entregado la Intendencia Regional por los proyectos no rendidos.

'Estos proyectos que hemos traído son carpetas que fueron fiscalizadas por tres profesionales que están revisando las iniciativas no rendidas'