No cabe duda que los cambios que se proponen para el sistema educativo han generado no sólo un interesante debate público. También se aprecia una tensión y ostensible crispación de los ánimos en los interlocutores. Esto por sí mismo es una señal de que las diferencias son auténticas entre quienes deben resolver, hecho que a su vez indica que las reformas no consisten en maquillajes superficiales, sino de modificaciones sustantivas que tendrán impacto en la estructura de financiamiento y la institucionalidad de la educación del país, así como en los actuales efectos sociales de la política pública.

Verificar esta situación debe gratificarnos pues indica que la democracia está funcionando y sirviendo a sus fines más propios, esto es, poner de manifiesto aquellas diferencias que necesitan de decisiones colectivas, incorporando la participación de la ciudadanía y sus organizaciones. La disputa que se deja ver entre los mismos actores políticos es también una forma de recuperar la misión cívica de la política. El ambiente versallesco que también se llamó 'democracia de los acuerdos' y que prevaleció en casi dos décadas de gobiernos democráticos tuvo algunos resultados gravosos para la democracia, porque las instituciones fueron ensombrecidas por un espíritu de fronda transversal que terminó excluyendo a las mayorías necesitadas de representación democrática.

Con ocasión de la reforma en educación parece evidente que se ha producido una alianza bastante visible entre las concepciones conservadoras y tecnocráticas sobre el rol que le cabe al Estado en esta función social y cívica fundamental. Se trata de resistir e impedir el fortalecimiento del Estado y de lo público, es decir, de reducir ese espacio en que las decisiones de interés nacional se exponen -según la perspectiva tecnocrática- a procedimientos democráticos. Así como en el pasado, según La Fronda Aristocrática de don Alberto Edwards, los sectores acomodados en el poder político y económico se opusieron sustancialmente al avance de las instituciones del Estado, no obstante la legitimidad que la ciudadanía les reconocía, también en nuestro tiempo se advierte ese sentido de fronda contra lo público.

Las reformas sustantivas al orden social, en todo caso, siempre requieren de discusión y no basta que estén contenidas en un programa presidencial exitoso. Pero por eso mismo son útiles para saber identificar los intereses y proyectos políticos que siempre se disputan en una sociedad.

El incremento de los robos de mercadería en los camiones que transitan por las dos principales rutas de la región mantiene preocupados a los dirigentes de la federación que los agrupa, cuyo presidente ha denunciado estos hechos en la prensa, y también requiriendo la intervención del intendente regional.

El presidente de los dueños de camiones de nuestra zona, José Egido, ha expuesto que diariamente se registran hasta cuatro atracos a los camiones que transitan en las rutas 68 y 78, entre la Región Metropolitana y las ciudades de Valparaíso y San Antonio, respectivamente, advirtiendo que el problema no es nuevo, pero que ha aumentado alarmantemente la frecuencia de los robos, ya sea cuando los vehículos están en desplazamiento, o derechamente asaltando a los conductores cuando están detenidos. Junto con plantear estos problemas, que implican robos por montos que superan los tres millones de dólares, los dirigentes han planteado que es urgente que se intensifiquen tanto la vigilancia policial como los debidos resguardos para proteger las mercaderías y también la integridad de los conductores. En este aspecto, en reunión con el intendente Ricardo Bravo los representantes del gremio le solicitaron su intervención para buscar soluciones en estas y otras rutas menores.

La disposición del jefe regional para buscar y aplicar medidas más efectivas a través de las policías con el objeto de garantizar la seguridad en las rutas de conexión con la Región Metropolitana, debe ser debidamente valorada, toda vez que anunció que el próximo lunes se reunirá con representantes de Carabineros y de Investigaciones, para coordinar las acciones que sean necesarias. Estas medidas deben ser oportunas y apelando a la utilización de todos los medios y recursos disponibles, pues si se escapa de las manos se pueden producir hechos de mayor gravedad y de lamentables consecuencias, sobre todo por el riesgo que corren los conductores de estos rodados, quienes muchas veces viajan sin compañía. Estas medidas deben ser aplicables también, a otras vías de comunicación, como el caso del Acceso Sur al puerto de Valparaíso, en el cual igualmente se registran robos, debido a la escasa velocidad en que deben transitar los camiones, con el agravante de los apedreos que sufren todo tipo de vehículos cuando se desplazan frente a los sectores aledaños a Playa Ancha.