Hasta la calle Los Alerces, del cerro Las Cañas, en Valparaíso, llegó un equipo del Gobierno Regional para desarmar y retirar una vivienda de emergencia que había sido entregada a un 'falso damnificado'. Juan Petit Beltrán, quien es el dueño del terreno, pero arrendaba su vivienda, se enteró de la querella presentada en su contra, por lo que decidió devolver la mediagua y 1 millón 200 mil pesos en efectivo a los cuáles no tenía derecho a optar, debido a que no vivía en el inmueble al momento del incendio de abril pasado.
El intendente regional, Ricardo Bravo, indicó que gracias al cruce de datos realizado en ese domicilio se logró determinar que una de las personas que reclamó los beneficios había incurrido en engaño.
'Esta persona falseó información al señalar que vivía en el inmueble, lo que se pudo constatar no era cierto con el contrato de arriendo existente con un tercero. El mensaje que queremos entregar es que estamos trabajando para pesquisar a quienes nos tratan de engañar'.
Segunda Vivienda
Cuando se dio a conocer que la persona que solicitó bonos y casa de emergencia era propietaria de la vivienda que arrendaba a un tercero, surgió la duda de qué sucederá con otros propietarios que se encuentren en esta situación, es decir, que hayan perdido su vivienda, pero que al no vivir en ella no puedan reclamar beneficios.
Ante esta interrogante, la máxima autoridad regional agregó que 'los dueños que no habitaban su vivienda en el momento del incendio pueden optar a cerca de 1.000 UF para financiar la reconstrucción de su vivienda, siempre que no posean otra propiedad a su nombre y cumplan con los requisitos de la normativa de subsidios habitacionales vigente'.
En tanto, para quienes arrendaban o vivían de allegados en viviendas afectadas por el siniestro, el Gobierno contempló la entrega de 700 UF para la compra de casas usadas y 900 UF para viviendas nuevas, esto en el contexto de la lógica subsidiaria del Estado, que ayuda a costear la adquisición de la primera vivienda.
Sumario interno
Cabe consignar que Juan Petit Beltrán es funcionario de Gendarmería, por lo que la institución habría iniciado un sumario administrativo para aclarar la situación en la que se vio envuelto.
'Con fecha 14 de julio y mediante resolución del director regional, coronel Ricardo Quintana, se ordenó instruir un sumario administrativo a fin de aclarar la presunta responsabilidad del cabo segundo Juan Petit Beltrán, por el supuesto uso malicioso de beneficios entregados por el Gobierno Regional', aseveró el asesor jurídico de la dirección regional de Gendarmería, Cristián Garcés.
El abogado explicó que cuenta con un plazo de 20 días para llevar a cabo la acción.
