Hasta hoy, producto de la globalización de los mercados, los tratados de libre comercio y las políticas de privatización del sistema portuario, nuestro país ha logrado impulsar el desarrollo de su comercio exterior por vía marítima y con ello a diversos sectores productivos. Sin embargo, para seguir por esta senda son múltiples los desafíos que se deben abordar en materia de infraestructura, capacitación y logística, pero más importante aún es tener mucho cuidado a la hora de legislar en estas materias.

Por este motivo, la Cámara Regional del Comercio de Valparaíso no ha quedado indiferente ante la controversia generada por algunos aspectos de la denominada 'Ley Corta de Puertos', que regula el trabajo de los funcionarios del sector, toda vez que nuestra región cuenta con los terminales más importantes del país.

En este contexto, resulta preocupante que a través de la ley que hoy se discute en el Congreso Nacional se pueda aprobar la fijación de horarios de colación para todos los trabajadores a la vez, paralizando las faenas; y un impuesto de entre US$ 0,2 y 0,1 por cada tonelada de carga transferida, lo que, sin duda, mermará la productividad y competitividad de nuestros puertos. Con la primera de estas medidas, se aumentarán los tiempos de espera, junto con la congestión y molestias para las ciudades puerto.

De hecho, el Terminal Pacífico Sur (TPS) estima que esta paralización por colación significará 4,5 horas diarias perdidas de un total de 22,5 horas de trabajo, es decir, se perderá el 20% de uso de la infraestructura portuaria. Son 4 mil millones de inversión en el sector que quedará inutilizada si tomamos en cuenta que el país ha invertido 20 mil millones de la divisa norteamericana en infraestructura portuaria.

Es relevante señalar que no se trata de impedir que los trabajadores se alimenten, sino que se debe generar la posibilidad de que se suscriban acuerdos entre estos y las empresas para que este derecho se entregue, pero de manera escalonada, sin detener los procesos. Al igual que se hace en innumerables sectores de la economía.

Por otro lado, esta ley establece un impuesto de entre US$ 0,2 y US$ 0,1 por cada tonelada transferida. Otra preocupación relevante, toda vez que aumentará los costos y con ello afectará nuestra competitividad frente a otras economías, en un mercado mundial exigente en el que no se pueden dar ventajas.

Por lo anterior, como CRCP hacemos un llamado a las autoridades, trabajadores y empresas para lograr aprobar una ley que beneficie a todas las partes, sin afectar la productividad y competitividad de un sector muy sensible y de alto impacto para la economía nacional.

'El Marga Marga no es un basurero', ha declarado la alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, tras la presentación de una querella por descarga ilegal de materiales en el lecho de ese curso de agua por parte de la empresa a cargo de la construcción del edificio del nuevo hospital Gustavo Fricke.

La afirmación de la jefa comunal es procedente pues desde hace largo tiempo el lecho del estero que cruza el centro de la ciudad viene utilizándose como un vertedero donde se dejan diversos materiales y en los más variados volúmenes, algunos de gran importancia.

Tal es el caso denunciado ahora a los tribunales por la Municipalidad de Viña del Mar en que se da cuenta de la descarga ilegal de más de mil camionadas de escombros y materiales producto de grandes excavaciones.

Este enorme volumen, sumado a otras descargas e intervenciones, como las relativas a las obras del Troncal Sur, lógicamente han reducido la capacidad de absorción y escurrimiento de agua del estero que en algunas temporadas adquiere enorme volumen alimentado por las lluvias y otros cursos tributarios que existen a lo largo de toda su extensión.

Hace pocos años se registraron graves inundaciones en el centro de la ciudad, precisamente por la reducción de la profundidad de su lecho producto de materiales de demolición que allí se vaciaron tras un terremoto.

A lo anterior se añaden continuas descargas menores de materiales o basuras que, sumadas a lo largo de años, han contribuido notoriamente a alterar la condición del estero y su capacidad de conducción de las aguas, afectando, de paso, flora y fauna.

La situación denunciada por la Municipalidad viene a ser la culminación de una práctica que debe ser erradicada y que merece fuertes sanciones dados los peligros potenciales que han ido aumentando notoriamente.

Es un hecho que las sanciones que se aplican ante diversas infracciones asociadas a obras de construcción son bajas, se cancelan con facilidad y se continúa violentando la norma, como ha ocurrido en una gran edificación en el sector nororiente de la población Vergara. Así, la normativa debe ser modificada de tal modo que la penalidad sea realmente disuasiva e incluya disposiciones que obliguen a los infractores a una efectiva reparación del daño causado. Es la seguridad de la ciudad la que está en juego y hay que respaldar con fuerza los dichos de la alcaldesa cuando ha sostenido que 'el Marga Marga no es un basurero'.