'Gobernar es educar'. Aún recordamos estas palabras del Presidente Pedro Aguirre Cerda, en su discurso del 21 de mayo de 1939. Qué sentido hace hoy esa oración. Ya han pasado siete décadas y aún se discute en Chile si efectivamente la educación debe ser gratuita, de calidad y universal.

Sigamos con la alocución de este tremendo mandatario radical, un necesario viaje al pasado para reconocer los errores del presente: 'Para que la enseñanza pueda cumplir su misión social con toda amplitud es necesario que sea: gratuita, única, obligatoria y laica. Gratuita, a fin de que todos los niños puedan beneficiarse de la cultura, sin otras restricciones que las que se deriven de su propia naturaleza; única, en el sentido de que todas las clases chilenas unifiquen su pensamiento y su acción dentro de las mismas aulas escolares; obligatoria, pues es deber del Estado dar el mínimo de preparación requerido por la comunidad para la vida cívica y social; laica, con el fin de garantizar la libertad de conciencia y hacer que nada perturbe el espíritu del niño durante el periodo formativo'.

El ministro vocero de Gobierno, Álvaro Elizalde, en el cierre de las jornadas de la Escuela de Gestión Pública para Dirigentes Sociales en Quilpué, llamó a los apoderados a no ser presas de una campaña del terror que algunos políticos despliegan para confundir a la ciudadanía.

'Cada vez que se posterga la solución del problema educacional, estamos generando un daño a los niños', dijo enérgico el ministro; y razón tiene, porque mientras más se entrampa su aprobación en el Congreso, son nuestros hijos quienes pierden la oportunidad de educarse en un sistema justo. Por ello, como Gobierno vamos a intensificar los diálogos sociales en la región, con el fin de que estas tremendas reformas (Educación y Tributaria) sean entendidas en su origen. Que la comunidad se informe correctamente y no sea víctima de manipulaciones informativas.

No hay que ser autoridad de Gobierno para afirmar que en Chile el sistema educativo genera desigualdad. Es una espina que tenemos clavada en nuestro corazón ciudadano. Por esa razón es que para nosotros es fundamental cumplir el compromiso de la Presidenta Michelle Bachelet: generar educación gratuita y de calidad en todos los niveles sociales.

Vamos siempre a estar abiertos al diálogo, a escuchar a todas las personas y entidades relacionadas con las temáticas educacionales, sociales y políticas. Respetamos todas las opiniones, y, por cierto, las de la Iglesia Católica, a propósito de las recientes declaraciones del arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, con respecto del contenido de esta reforma.

La invitación está abierta a todos los ciudadanos y todas las instituciones para que puedan realizar sus aportes y contribuciones a esta iniciativa. En conclusión: este es un diálogo abierto, al que están invitados todos los sectores de la sociedad chilena para que todas las miradas puedan expresarse.

El conflicto protagonizado por una familia de músicos que arriesgó la reclusión nocturna por no pago de multas reiteradas y en rebeldía, cursadas por incurrir en ruidos molestos en lugares públicos, pone en perspectiva este problema, que se encuentra precariamente regulado en nuestra legislación.

El tema que afecta a esta familia, integrada por los progenitores y dos mellizas de nueve años de edad, todos integrantes del grupo musical denominado 'Los Rojelios', que afortunadamente pudo solucionarse por el pago de la elevada multa de 360 mil pesos mediante un donante anónimo, afecta asimismo a un gran número de músicos callejeros, humoristas, payasos, malabaristas y toda una suerte de actividades que se realizan en bienes nacionales de uso público, algunos de los cuales pueden sufrir eventualmente citaciones a los Juzgados de Policía Local por ocasionar ruidos molestos.

Ciertamente la solución de estos problemas, en particular los que causan ruidos molestos o interrupciones de tránsito en las calles, es complicada y requieren de detenidos análisis que están siendo considerados en un proyecto de ley que el Poder Ejecutivo presentó al Congreso Nacional en junio de 2012, que busca 'regular la exhibición y ejecución artística en los bienes nacionales de uso público' y que se encuentra en su segundo trámite constitucional en el Senado.

Probablemente, esta iniciativa, que ojalá reciba urgencia por parte del Gobierno, podría evitar apremios injustos como también abusos de los propios cultores de las actividades callejeras.

Conviene considerar que a lo mejor es posible extender esta legislación para el control y regulación de otras diferentes actividades que se ejercen en forma habitual en la vía pública, como el comercio callejero, la venta de productos a los conductores de vehículos motorizados en medio del tráfico, a los limpiadores de parabrisas y otras acciones relacionadas, que del mismo modo, junto con ser una forma honesta de ganarse la vida, pueden ocasionar molestias e incluso, accidentes de tránsito.

Aunque no se trata de la misma situación, pero que afectan a músicos populares, es lo que está ocurriendo en el Metro Valparaíso, que ha prohibido el ingreso de esos grupos a los vagones quienes se encuentran en conversaciones para posibilitar su presencia en las diversas estaciones. En todo caso, es necesario precisar que se trata de actividades al interior de recintos privados, por tratarse al interior de una empresa del Estado.