El duro plan económico de Castro para salir de la crisis
pablo tomasello
pablo tomasello
VALPARAÍSO. Municipio debe recaudar $ 10 mil millones para susbsanar irregularidades atribuidas al alcalde en acusación ante el TER.
emv
miguel campos
En el municipio porteño saben que la crisis financiera interna ha llegado a un punto crítico. Tan crítico que las fórmulas que se están utilizando hoy para mantener la máquina consistorial funcionando han derivado en una acusación política contra el alcalde Jorge Castro, cuyas consecuencias podrían llevar a la destitución del jefe comunal si el Tribunal Electoral Regional (TER) acredita las imputaciones por notable abandono de deberes y faltas a la probidad demandadas por cuatro concejales.
La denuncia de los ediles ha generado una fuerte pugna al interior del Concejo Municipal de Valparaíso, donde las soluciones económicas que podrían servir a Castro para defenderse, deben ser aprobadas por sus propios acusadores. Con este contexto y la urgencia del alcalde por encontrar una salida, este miércoles fracasó, por falta de quórum, una sesión extraordinaria en la que se plantearían alternativas para aplacar la crisis.
Dos de los once cargos de la acusación ante el TER son las que más inquietan al jefe comunal y su círculo cercano.
LAS COTIZACIONES
La primera alude a retrasos en el pago de las cotizaciones previsionales a los trabajadores de la Corporación Municipal de Valparaíso (Cormuval). Aquí el déficit estructural bordea actualmente los $ 7 mil millones. Esa cifra podría disminuir hasta en $ 3 mil 500 millones en la medida que el Estado deje de aplicarle retenciones por las imposiciones no pagadas. Hasta ahora, la Municipalidad traspasa a su corporación solo $ 1.600 millones, por lo que faltan por cubrirse compromisos económicos cercanos a los $ 2 mil millones.
'El presupuesto no alcanza para eso y hay una historia de pérdida patrimonial y endeudamiento de la Municipalidad que se inicia con el alcalde (Hernán) Pinto, sigue con el alcalde (Aldo) Cornejo y ahora. Este no es un tema nuevo, es un tema conocido, es un tema estructural, y además se sabe que todos los esfuerzos que se han hecho como, por ejemplo, fusionar colegios o tratar de disminuir los gastos en la corporación, terminan siempre con una resistencia social o política', apuntó el director de la Secretaría Comunal de Planificación de la Municipalidad de Valparaíso (Secpla), Luis Parot.
LA primera SOLUCIÓN
Según fuentes edilicias, la solución para el citado déficit que se pretendía proponer en la frustrada sesión del Concejo es una profunda modificación presupuestaria. La idea es que de los fondos disponibles para este 2014, se traspasen unos $ 1.500 millones a la Cormuval. Este escenario generaría un alto costo que tendría que ser asumido por los funcionarios, ya que, por ejemplo, se reducirían drásticamente las horas extra del personal e incluso podrían eliminarse algunos cargos. También habría recortes en gastos internos, consumos o tecnología, entre otros. 'Sería como una bomba atómica', sostuvo la fuente consultada que pidió la reserva de su identidad.
CONTRATOS IRREGULARES
El segundo cargo que preocupa al alcalde es el relacionado con los contratos que la Cormuval mantiene con trabajadores que prestan servicios diferentes a los que la ley permite. Aunque estos solo pueden estar vinculados a la educación y salud, cerca de 500 funcionarios trabajan en áreas como el aseo, por ejemplo. La irregularidad ya fue confirmada por la Contraloría que exigió el término del convenio; sin embargo, aún se mantiene.
Para resolver este problema, el municipio requiere unos $ 2.600 millones para pagar finiquitos e indemnizaciones de los funcionarios que se busca desvincular de la Cormuval por dos vías: tercerizando los citados servicios y traspasando a algunos empleados a la planta municipal.
VENTAS Y LEASEBACK
La fórmula propuesta por el equipo del alcalde Castro para recaudar dicha cifra es probablemente la que mayor costo político tendría para el acusado jefe comunal. El desprendimiento de bienes municipales emblemáticos podría ensombrecer aún más su gestión, trayendo a la memoria porteña ventas como la del estadio de Playa Ancha durante la administración de Hernán Pinto.
La resistencia a este tipo de negocios fue una de las principales razones argumentadas por los ediles que este miércoles optaron por no asistir a la sesión extraordinaria del Concejo, cuando se enteraron que Castro pretendía que se discutan estas transacciones.
Según las fuentes entrevistadas, el Palacio Lyon y el edificio consistorial de la calle Condell, son los primeros inmuebles en la lista del equipo técnico del municipio.
El primero alberga al Museo de Historia Natural que controla la Dirección de Biblioteca, Archivos y Museos (Dibam). Ahí existe un comodato a 90 años, por lo que en el Gobierno anterior hubo tratativas de venta, pero la administración de Sebastián Piñera desestimó comprarlo. Su precio supera los $ 1.700 millones, por lo que su comercialización ayudaría a paliar en parte el problema.
El segundo edificio antes mencionado pretende ser transado bajo la modalidad de leaseback (venta condicionada). La operación podría reportarle al municipio una recaudación cercana a los $ 3 mil millones; no obstante, se estima que no sería una tarea sencilla conseguir interesados.
BIENES PATRIMONIALES
Aunque el alcalde y el Concejo han manifestado su férrea oposición, la urgencia económica municipal también ha llevado a analizar la obtención de recursos desprendiéndose de otros bienes como el Palacio Baburizza e incluso los cinco ascensores porteños que hoy son de propiedad comunal.
En el municipio reconocen que por el primero no existen estimaciones sobre el precio en que se podría vender, principalmente por el alto costo que tiene la colección pictórica que ahí se exhibe.
Por los elevadores se calcula que si se venden al Estado, deberían obtenerse al menos $ 7.500 millones.
500 funcionarios
'El Estado aquí es peor que un asaltante. Todo se va a beneficio fiscal. ¿Dónde está la retribución a la ciudad?'
1.700 millones de pesos
11 cargos