Enérgicas reacciones provocaron en el ámbito político y social las declaraciones que realizó en entrevista a este Diario el intendente regional, Ricardo Bravo, quien como representante del Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, afirmó que 'el Estado debe expresar que se cumplan los contratos establecidos', esto en referencia a las obligaciones contractuales de la empresa estatal Puerto Valparaíso (EPV), que entregó la licitación del uso del borde costero a Plaza S.A. para la ejecución del proyecto Puerto Barón.

El apoyo implícito que otorgó la máxima autoridad regional a la polémica iniciativa comercial en el borde costero de Valparaíso, generó el rechazo de quienes incluso forman parte de la coalición de Gobierno, como el senador Ricardo Lagos Weber (PPD), quien recordó el recorrido que realizó el intendente a las inmediaciones de la bodega Simón Bolívar acompañado del presidente del directorio de EPV, Raúl Urzúa, solo un par de días después que se conociera la resolución de la 38ª sesión del Comité de Patrimonio Mundial de la Unesco.

'Puedo entender que la autoridad diga que se vela por el estado de derecho, que se cumplan los contratos, nadie podría estar en contra de eso. Otra cosa es saber que junto con respetar el estado de derecho y los contratos, no sea necesario concurrir con los ejecutivos del proyecto inmobiliario al lugar de construcción para darle su respaldo, eso creo es una materia distinta', aseveró el parlamentario.

Por su parte, el consejero regional Manuel Millones manifestó que dada la serie de impugnaciones administrativas y judiciales que ha generado el proyecto que se desea implementar en una zona con alto valor histórico y arqueológico, el intendente regional debiese guardar ciertos resguardos e intentar ser mesurado en sus declaraciones.

'Ricardo Bravo no puede sostener a priori que este contrato en particular hay que cumplirlo tal como está, por cuanto es evidente que más allá de la cuestión patrimonial y las exigencias de la Unesco, hay vicios en los permisos y transgresiones a la normas ambientales y a la ordenanza general de construcción (…). Él sabe que hay recursos pendientes en los tribunales de Justicia, Contraloría, Minvu y la Superintendencia de Medio Ambiente', consignó.

'no es razonable'

El presidente de la Comisión de Patrimonio del Core hizo un llamado a la prudencia de quien representa y habla por la Mandataria. Fue aún más lejos y recordó la diferencia de roles que debe asumir quien 'prestó asesoramiento en el área de explotación del borde costero a la gerencia de Desarrollo y Negocios de Puerto Valparaíso'.

'El intendente debe ser más prudente. Esta es su segunda intervención a favor de este proyecto y, por tanto, no es razonable emitir opiniones personales en estos casos, sino guardar un prudente silencio y dejar que las instituciones funcionen. Ricardo Bravo trabajó en EPV, es decir, él fue parte de la génesis del proyecto mall Barón, razón suficiente para mantener prudente distancia. Él ya no pertenece a EPV y ahora es representante de la Presidenta en la región; por tanto, no puede comprometer al gobierno por sus afectos, relaciones o vínculos con el proyecto, aun cuando en su anterior cargo se haya relacionado con esta iniciativa, pero eso es pasado y son roles muy distintos y es eso lo que él debe entender'.

Reactivación Económica

Otro punto tratado por el intendente regional, quien se refirió a la urgente diversificación de actividades que necesita una ciudad alicaída como Valparaíso, también tuvo reparos por parte de representantes ciudadanos que se han opuesto férreamente al desarrollo y explotación del borde costero porteño por parte de privados que representarían a grandes grupos económicos presentes en el país.

'Aquí se está concentrando el negocio y entregando a tres grandes grupos económicos en Chile, en lugar de privilegiar el desarrollo de los pequeños y medianos emprendimientos que se podrían generar. Nuestra postura es que el borde costero de Valparaíso, en su totalidad, es decir, desde el espigón hasta el muelle Barón, debe ser entregado a la ciudad; porque Valparaíso no tiene espacios públicos, fortaleciendo allí la actividad turística', manifestó el opositor a Puerto Barón, Jorge Bustos, quien también ejerce como presidente de la Asociación por la Dignidad, los Derechos del Ser Humano y su Entorno Ecológico (ADDHEE), organización que envió una carta denuncia por esta materia a César Moreno Triana, especialista del Programa del Centro del Patrimonio Mundial de la Unesco.

Por su parte, el ingeniero comercial, economista y exsecretario ejecutivo del Plan Bicentenario, Camilo Vargas, quien ha mantenido serios reparos al proyecto en cuestión, concuerda con Bustos al señalar que la reactivación económica de la ciudad no pasa por la construcción de un Mall en el borde costero, ya que de acuerdo a su estimación los centros comerciales no generan mayor empleo, debido a que una cantidad importante de puestos del comercio minoritario son absorbidos por las empresas de retail.

'Un negocio de retail de esta envergadura tendrá serios impactos negativos a una serie de negocios ya establecidos en la ciudad. Este espacio es un predio estratégico para la ciudad, que puede significar un gran futuro; por tanto, debiese plantearse un proyecto que no tenga un gran carácter comercial', aseveró Vargas.

Para el profesional, si Valparaíso decidió poner en valor su Patrimonio, se debiese crear un centro de eventos que genere recursos a la Municipalidad, de manera tal de beneficiar a todos los habitantes de la Ciudad Puerto.

'No es necesario concurrir con los ejecutivos del proyecto inmobiliario al lugar de construcción para darle su respaldo'

'El intendente debe ser más prudente. Esta es su segunda intervención a favor del proyecto. No es razonable emitir la opinión personal'

'Se concentra el negocio en tres grupos económicos, en lugar del desarrollo de pequeños emprendimientos'