Por segunda vez, el Tribunal de Garantía de Quilpué aceptó ampliar el plazo de investigación por la muerte de un bebé de tres días de vida en una hoguera, y por el cual se encuentran imputados ocho miembros de la secta de Antares, que operaba en un fundo del sector de Colliguay, en Quilpué.

El juzgado aceptó los argumentos presentados por el Ministerio Público y otorgó 30 días para incluir dos importantes peritajes psiquiátricos, practicados a los principales integrantes de la agrupación que encabezaba Ramón Castillo, conocido como Antares de la Luz: Natalia Guerra, progenitora de la guagua asesinada, y Pablo Undurraga, el ex hombre de confianza del líder de la secta.

'Respecto de ambos informes todavía falta que se evacuen debidamente. Entendemos que deben estar muy pronto a evacuarse y son muy necesarios para tener completo el cuadro a fin de adoptar la decisión que corresponda', sostuvo el fiscal de Quilpué, Juan Emilio Gatica.

En relación a la denominada verdad policial o descripción de los hechos tal cual ocurrieron la noche del 23 de noviembre en el fundo Los Culenes de Colliguay, el fiscal Gatica sostuvo que no han surgido nuevos antecedentes que la modifiquen.

'De lo que pasó ese día y cómo se llegó a eso, básicamente está claro y entiendo también que está la declaración de los propios imputados cuando comparecieron a la reconstitución de escena, que también en ellos concuerdan en lo central. Todos podemos tener visión distinta de lo que pasa o de por qué pasan las cosas, pero policialmente está claro', dijo.

Puntualmente, respecto del uso del cuchillo para dar muerte al recién nacido en el ritual, el persecutor reconoció que será uno de los antecedentes difíciles de establecer en la investigación, y estimó que probablemente nunca se conozca la verdad en torno a ese punto.

'Ese antecedente por lo menos no apareció en toda la investigación, porque hubo un momento en que finalmente Ramón Castillo queda solo con la víctima, con la guagua, y de ahí no se sabe qué más pasó, se sabe que murió nomás'.

Sin embargo, Gatica sostiene, enfático, que aquel antecedente no condicionará ni afectará el transcurso del caso. 'Para efectos penales, que lo hubiere matado acuchillándolo o tirándolo al fuego, da un poco lo mismo, si se quiere. No es más o menos pena (judicial) por matar de una u otra forma. Lo claro es que lo mataron ese día y que ahí encontramos los restos'.

Respecto de los informes cruciales que aún espera la Fiscalía, se trata de dos peritajes solicitados por el propio Ministerio Público, uno de ellos un metaperitaje para analizar las pericias psiquiátricas evacuadas en su minuto sobre Natalia Guerra y Pablo Undurraga.

La primera está imputada de parricidio calificado y el segundo de homicidio calificado, y que dichas pericias practicadas por el psiquiatra Otto Dörr, arrojaron en su minuto como resultado que al momento del crimen, ambos actuaron bajo un cuadro delirante, lo que a juicio de sus defensas se equipara a la enajenación mental.

Precisamente, Fiscalía busca despejar las últimas dudas respecto de dicha posibilidad.

El segundo peritaje, aclaró Gatica, se trata de una ampliación del peritaje solicitado por la defensa de Natalia Guerra, en relación con la peligrosidad que pudiera presentar hoy la formalizada madre del lactante asesinado, y que fue pedida al Instituto Psiquiátrico Dr. José Horwitz de la Región Metropolitana, pues fueron los peritos de ese centro los que hicieron el primer análisis de este tipo sobre ella.

Ambos informes son cruciales para definir si al término de la investigación se decidirá actuar contra ellos en un juicio oral convencional y se decidirá pedir en tribunales una medida de seguridad.

Esto último dependerá, finalmente, de si se comprueba que tanto Guerra como Undurraga actuaron en un estado paranoico y/o de enajenación mental.

Juicio abreviado

Respecto de los restantes seis implicados, María del Pilar Álvarez, Carolina Vargas, Josefina López, David Pastén, Karla Franchy (imputados como cómplices) y Francisca Ceroni (imputada como encubridora), Gatica recalcó que en los próximos días se decidirá si se solicitará al Tribunal un juicio abreviado para ellos. 'Estamos ya muy cercanos de tener total acuerdo con las defensas, porque son seis, pero yo pienso que pronto podríamos tener luz verde al respecto, y de ahí para poder pedir fechas y todo'.

Eso sí, para llegar a dicha instancia, Gatica mantiene la exigencia de acordarlo con la totalidad de ellos y no solo con uno o un par de estos imputados. Lo importante para la Fiscalía con este procedimiento es evitar la realización de más de tres juicios distintos, lo que podría dilatar mucho el término del caso.

Tal como explica el propio fiscal Gatica, respecto de la proximidad de los juicios, 'ya están definidas todas las posibilidades (investigativas) de lo que puede pasar, que son dos o tres, no más. O sea, Natalia Guerra con Pablo Undurraga, o eventualmente una medida de seguridad o un juicio oral, que justamente con estos dos informes queremos tener todos los antecedentes en la mesa para tomar la decisión'.

'La idea -agregó- tampoco es estar haciendo cuatro o cinco juicios en forma paralela. Lo que pasa es que lo complejo de una medida de seguridad es que solamente pueden ir hacia un juicio de esas características las personas que son acusadas y que requieren de una medida de seguridad, es decir, no pueden estar en un mismo procedimiento sanos y enajenados mentales, eso la ley no lo permite, entonces eventualmente tendríamos que hacer dos juicios, paralelos, uno de medida de seguridad y otro juicio oral normal respecto de los que están sanos. Entonces eso es lo que queremos evitar, en base a las penas que establece la ley, mediante un juicio abreviado, pero la idea es que vayan todos (los seis imputados)'.

En un caso que conmocionó a la opinión pública, el recién nacido, fruto de una relación del propio Ramón Castillo y Natalia Guerra, fue arrojado al fuego la noche del 23 de noviembre de 2012, en un extraño ritual de la secta de Antares de la Luz.

30 días

16 meses