El debate por la llamada 'ley corta' de puertos se trasladó al sector empresarial respecto a otras aristas de la legislación, como el llamado Fondo para la Modernización Portuaria, que deberá financiarse con un impuesto que asciende a US$ 0,2 por tonelada de carga general transferida y a US$ 0,1 por tonelada de granel sólido o líquido .

Desde la Cámara Aduanera advierten los riesgos de esta iniciativa para el comercio exterior. 'Nos afecta, porque repercute en los exportadores e importadores que van a terminar pagando este impuesto y eso hace menos competitivo el comercio exterior y suben los costos', dijo el director de la entidad, Javier León, quien advierte que hace más de 40 años no se cobraban impuestos extraordinarios al comercio exterior. 'Estamos avanzando en sentido contrario a los últimos años donde se han sumado esfuerzos para hacer más competitivo el comercio internacional', agregó el ejecutivo que se manifestó a favor de iniciar pronto la discusión en torno a una ley larga que involucre estos temas.

Desde la Fundación P!ensa el analista Juan Pablo Rodríguez advirtió que la disposición podría ser inconstitucional. 'La Constitución no permite que los tributos estén afectos a un fin determinado, resulta injusto que el aporte se diferencie por su peso y no por su valor y, finalmente, lo terminarán pagando nuestros importadores y exportadores al momento de mover sus cargas', concluyó.

En prisión preventiva por los cargos de parricidio y homicidio frustrado quedó el anciano de 89 años acusado de asesinar a su hija de dos disparos y dejar con graves lesiones en la zona genital a su yerno. El hecho causó conmoción en la población El Olivar, en Viña del Mar, donde registraba domicilio el exfuncionario de la Armada, identificado como Alfredo Ruckoldt Utreras, quien motivado por una supuesta disputa económica por la venta del departamento que habitaba, ultimó a su hija María Ruckoldt Letelier (64 años) y dejó herido de gravedad al esposo de esta, Juan de Dios Olivares (65).

En el Tribunal de Garantía de la Ciudad Jardín se efectuó ayer la audiencia de formalización en contra del imputado. La jueza Valeria Echeverría realizó fuertes críticas a las pruebas presentadas por la Fiscalía en el inicio de la investigación.

El fiscal Patricio Toro presentó una serie de antecedentes respecto a la forma en que habría ocurrido el hecho de sangre; sin embargo, la magistrado sostuvo que 'los antecedentes proporcionados son insuficientes para estimar que se hayan podido establecer los hechos de flagrancia'.

En la audiencia, la jueza expuso que 'por ahora ni siquiera hay claridad acerca del momento en el cual se efectuaron los cuatro disparos que escuchó una testigo'.

Inconsistencias en el parte policial respecto a las lesiones que tenía el anciano en las manos, que una nieta lo haya situado paseando un perro en una plaza del sector y la falta de evidencia respecto a restos de pólvora en las ropas del imputados fueron calificadas como falencias en la investigación que encabeza el Ministerio Público.

La defensa esgrimió posibles problemas mentales y demencia senil que afectan al anciano, por lo cual, incluso, podría ser declarado inimputable de los graves delitos. Por tal motivo se fijó audiencia para debatir la suspensión del procedimiento y acompañar los antecedentes que avalen esta supuesta demencia, además de una audiencia de regulación de caución, para obtener su libertad mientras dura la investigación.

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