El presidente de la Asociación Gremial de Fabricantes y Distribuidores de Licores y Bebidas Espirituosas de Chile (AFLECHI), Juan Pablo Solís de Ovando, se mostró conforme con la adopción del 31,5% como impuesto fijo al sector en las indicaciones de la reforma tributaria, aunque rechazó el fondo del alza impositiva.

'Lo que nos parece bien es que se haya ido a una tasa fija. Me refiero que al quedar en 31,5%, el impuesto total quedaría en 50,5%, ya que hay que sumar el IVA. Eso es un impuesto alto contra el 46% que tenía la industria', dijo el director comercial de Pisquera Chile S.A.

Para Solís de Ovando, el gremio 'no está contento' con el alza impositiva, 'en el sentido de que no creemos que vaya a generar una mayor recaudación. Todo lo contrario, cuando tienes un impuesto total de 50,5%, lo que se genera es mayor evasión. Tú vas a tentar al comerciante. El chileno corta su boleta, pero si le pones un impuesto demasiado alto, la tentación es grande para evitar esto'. En el directorio de AFLECHI participan representantes de Pisquera Chile S.A., Mitjans, Diageo Chile, Pernod-Ricard Chile, Cooperativa Capel, DESA y Bacardi Martini Chile.

El directivo rechazó que el Estado trate de corregir comportamientos a través de impuestos a los alcoholes. 'Eso se hace con educación. Estos impuestos son mal llamados correctivos, porque quien quiera fumar o tomarse un trago lo va a hacer. Lo que no sabemos es la calidad de lo que podría consumir. Cuando los impuestos son excesivos comienza el contrabando', dijo.

Un grupo de dirigentes gremiales de varios sectores de la pequeña y mediana empresa del país llamó a que les otorgue más espacio para influir en la reforma tributaria y que se tome en cuenta su petición de pago a 30 días para las firmas del área.

Los dirigentes de la Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conapyme), Propyme Chile y la Federación Chilena de Industriales Panaderos (Fechipan) se reunió con el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Pablo Lorenzini, al que pidieron 'ser escuchados' en la tramitación del proyecto de ley.

También le plantearon que, a su juicio, no se ha concretado lo que se les propuso en el inicio de la discusión de la iniciativa sobre 'brindar mayor igualdad y equidad social'.

El vicepresidente de la Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conapyme) y presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC), Juan Araya, afirmó que 'estamos por un pago a 30 días por nuestro trabajo, ya que el resto de las medidas son puro ruido y en ningún caso beneficia a las micro y pequeñas empresas'.

El director ejecutivo de Propyme Chile, Rodrigo Bon, manifestó que 'las mipymes necesitan leyes y mecanismos que les permitan surgir, y a nuestro modo de ver, el protocolo hace todo lo contrario'.

El presidente de la Federación Chilena de Industriales Panaderos (Fechipan), Marcelo Alonso, explicó que, a su juicio, ese sector 'ha sido castigado por las condiciones de abusos predominante, y esperamos que el mundo parlamentario apoye a las verdaderas pymes y logremos construir un sistema equitativo'.

El diputado Lorenzini afirmó que 'la ampliación de beneficios para empresas de hasta 100 mil UF es una medida que solo beneficia a las medianas que están al límite de ser grandes empresas, lo cual significará que habrá una parte muy importante de empresas que va a tributar como pyme, aumentando las brechas y concentrando más el mercado'.

Los gremios entregaron un petitorio de seis puntos al titular de la Comisión de Hacienda de la Cámara, en el que solicitan que el proyecto de reforma tributaria incluya una fecha de pago a las mipymes por la prestación de servicios o productos a empresas y al Estado y que no sea superior a 30 días.

También exigieron la imposibilidad de negociar plazos de pago superiores a los fijados por ley entre las partes. Otro punto insta a que el plazo de pago hacia los proveedores mipymes corra una vez entregada la factura por productos o servicios al cliente.

Los gremios también persiguen que las empresas que no paguen sus facturas dentro de 30 días, no puedan recuperar el IVA y queden imposibilitadas de realizar negocios con el Estado.

Mauricio Mondaca