Ha impactado sin duda la información publicada por este Diario que da cuenta de la casi segura partida desde la comuna de Limache de los religiosos franciscanos, asentados en esa localidad desde el año 1756. Varios factores han influido en la decisión de esa orden. Por un lado está la falta de vocaciones religiosas, realidad que afecta tanto a clero regular como al secular. A ello se suma el impacto del terremoto de 2010 que dañó a su templo y dependencias, sin que se logren recursos para la restauración.

Los religiosos hasta ahora han desarrollado en Limache una importante labor pastoral, que se extiende a la ciudad de Quillota, pero a la vez han cumplido una valiosa tarea social que sobrepasa de los límites religiosos con comedores abiertos, talleres de rehabilitación para drogadictos y alcohólicos y roperos destinados a reunir vestimenta para entregar a los grupos más carenciados. Esta labor tiene especial importancia ya que con ella se daba una oportunidad a la feligresía en general para desarrollar tareas motivantes para la formación de un sentido solidario.

En Valparaíso, en tanto, la presencia franciscana se ve también amenazada tras los sucesivos incendios que han afectados desde 1983 a su tradicional templo, siniestros que además han dañado al convento anexo.

En este último caso se encuentra pendiente la reanudación de las obras de restauración, lo cual supone el rescate de un ícono tradicional la ciudad, que destaca desde fines del siglo XIX en el anfiteatro que forman los cerros porteños.

Este eventual alejamiento de los sacerdotes franciscos de nuestra zona es sin duda una hecho lamentable que va más allá de lo religioso, pues su presencia ha significado un aporte a la cultura y la educación y también, como se ha señalado, al impulso de una colectiva tarea solidaria en beneficio de los grupos de menores recursos.

Si bien es cierto la congregación toma sus decisiones considerando líneas pastorales y factores que condicionan su subsistencia, es un hecho que en el pesar colectivo ante su casi seguro alejamiento hay un reconocimiento de la comunidad a la labor que los sacerdotes franciscanos vienen desarrollando desde hace largos años en nuestra Región y, junto a ello, la esperanza que la decisión de la orden pueda ser revertida.

Movilizaciones de grupos de vecinos a lo largo de todo el país, han puesto nuevamente en el tapete el problema causado por la instalación de antenas de telefonía celular en sectores residenciales.

Durante largos años, desde la Asociación de Municipalidades luchamos para que se legislara al respecto. Sin embargo, lo único que se logró fue una ley hecha a la medida para favorecer a las grandes multinacionales.

Mientras jugosas sumas de dinero tientan a algún vecino, los afectados dirigen sus quejas a los municipios por autorizar las obras. La dramática realidad es que las autoridades locales nos vemos atadas de manos ante una normativa que obliga a las Direcciones de Obras a entregar los permisos correspondientes, so pena de graves sanciones en caso de demoras.

En este contexto, se ha aludido a la potestad de los municipios en orden a establecer ordenanzas que regulen el tema; no obstante, esta atribución alude solo a los bienes nacionales de uso público, dejando plena libertad de intervención en sectores residenciales.

Es más, la ley incluso permite la instalación de antenas en inmediaciones de establecimientos educacionales, hogares de ancianos o centros de salud, siempre y cuando estas estructuras sean 'enmascaradas' como palmeras u otras figuras. ¿Será que este camuflaje hará olvidar a los vecinos la presencia de la antena o reducirá de alguna manera el impacto de la radiación?

Más allá del debate respecto a si es real o no que existe un daño a la salud a quienes están expuestos a diario a la radiación, lo concreto es que nadie quiere tener una de estas antenas cerca del lugar que escogió para vivir, lo que se traduce también en un devalúo inmediato de cualquier propiedad aledaña a alguna de estas 'palmeras'.

Hoy los vecinos están alzando la voz, y junto a ellos estaremos los alcaldes y concejales que tenemos la convicción de que es necesario y urgente regular este tema, pero con una mirada de ciudad. En cada comuna hay distintas realidades y alternativas de solución, frente a la constante demanda de mayor cobertura de un servicio como es la telefonía celular. Las autoridades locales somos quienes mejor conocemos la situación de nuestras ciudades y las necesidades de sus residentes, quienes anhelan sobre todo encontrar espacios que les ofrezcan calidad de vida en su hogar y en su barrio.

Lo fundamental ahora es escuchar la voz de la gente y hacer una inmediata revisión de la ley, de manera que se privilegie a las personas, su bienestar y su salud, por sobre los intereses de las empresas, quienes hoy día son las grandes favorecidas por una ley hecha como un traje a medida para permitir la instalación de antenas en cualquier barrio, sin importar la opinión de las autoridades locales, los municipios y mucho menos de los principales afectados, como son los vecinos.