El Gobierno de Argentina defendió ayer su decisión de denunciar a la filial local de la empresa gráfica estadounidense Donnelley, para que se le aplique la ley antiterrorista. El jueves la Presidenta Cristina Fernández denunció que algunos 'fondos buitre' están detrás de la quiebra 'exprés' de la empresa.

El jefe de Gabinete de Argentina, Jorge Capitanich, dijo ayer en una rueda de prensa que la compañía, que se declaró en quiebra, incurrió en 'una maniobra por lo menos sospechosa en materia de fraude'.

Este jueves, la Presidenta Fernández, anunció en un acto en la Casa Rosada que el Ejecutivo había denunciado penalmente a la empresa, dedicada a la impresión de revistas, por presunta 'alteración al orden económico y financiero', en supuesta violación a la ley antiterrorista, aprobada en 2011.

Según Fernández, el directorio de RR Donnelley está integrado por inversionistas ligados al multimillonario estadounidense Paul Singer, dueño del fondo NML Capital, uno de los que impulsaron el juicio contra Argentina, en el que los bonistas demandantes fueron respaldados por los tribunales estadounidenses.

La filial de Donnelley pidió hace una semana su quiebra, cerró el lunes recién pasado su planta en la localidad bonaerense de Garín y dejó en la calle a unos 400 trabajadores.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP, Fisco) solicitó además a la Justicia que revoque la autodeclaración de quiebra de la compañía y se investigue el delito de defraudación.

'Si una declaración de quiebra entra un viernes a un juzgado y sale el lunes y los directivos que estaban antes cambiaron el directorio y se fueron antes, si el balance de la empresa determinaba una posición patrimonial positiva, si existen 400 trabajadores y equipamiento, lo que está promoviendo es una conducta alevosa, sospechada de conducta fraudulenta', dijo ayer Capitanich.

El jefe de Gabinete sostuvo que la ley antiterrorista 'pretende penalizar las conductas perversas que afectan el normal desenvolvimiento de la vida social en comunidad'.

Señaló además que el 'Ejecutivo, a través del organismo competente, lo que hace propiciar la denuncia penal' y que la aplicación de la norma corresponderá a la Justicia.

Gran parte de los trabajadores de RR Donnelley siguen trabajando en la imprenta a la espera de que el Gobierno encuentre una solución a su situación.

Decenas de estudiantes universitarios protestaron ayer en Argentina contra empresas de Estados Unidos a las que acusan de haber despedido de forma injustificada a cientos de personas y contra bonistas que reclaman al Gobierno un pago multimillonario.

Los manifestantes cortaron una calle y se congregaron frente al edificio donde está la sede de la Cámara de Comercio de EE.UU. en Buenos Aires, para lanzar diatribas contra la imprenta RR Donnelley y la autopartista automotriz Lear, que despidió hace meses a unos 60 operarios.