Los actores políticos pueden cometer un grave error y no fortalecer las instituciones de la democracia si llegaran a dar por supuesto que los acuerdos siempre tienen legitimidad por sí mismos, es decir, al margen del contenido y de los contextos sociopolíticos en que se suscriben o convienen. La aseveración anterior puede parecer contra intuitiva, contraria a la racionalidad que emerge a simple vista. Sin embargo, bastaría con advertir que si el sistema político carece del reconocimiento social suficiente los acuerdos seguirán la misma suerte.

Por otra parte, nadie podría a su vez desconocer que nuestro país tiene un déficit en la formación cívica, lo que se manifiesta en la intolerancia frente a la diferencia. La virtud del pluralismo se puede practicar sobre la base de la discrepancia, admitiendo que la existencia de conflictos no hace patológica a una sociedad; por el contrario, la enriquece precisamente porque demanda de los ciudadanos la capacidad de convivir con el otro en su legítima condición de interlocutor válido.

Si no reconocemos el disenso no daremos lugar al cultivo de las virtudes propias de la democracia. La tendencia a evitar el dictamen de mayorías y minorías puede también explicarse como un resabio autoritario, pero a la vez como una estrategia para contener la demanda social por cambios estructurales. La reforma educacional es uno de estos cambios que ha generado una inexplicable propensión por el consenso en sectores políticos y económicos que durante décadas han defendido un modelo de educación que está en las antípodas del sentido de la reforma que se lleva adelante, que por lo demás fue impuesto por la fuerza, sin diálogo, sin oposición y sin debate.

El gobierno es el principal llamado a advertir las consecuencias negativas que podría tener para la legitimidad social de la reforma, que -no está mal recordar- debe ser la prioridad de todo proceso de transformación política que logre el noble propósito de garantizar a cada familia el derecho a la educación de sus hijos.

Nadie puede ser contrario per se a lograr acuerdos mayoritarios, pero ello no puede significar tener que ceder a presiones para concluir en consensos forzados, que corran el riesgo de ser interpretados como otro arreglo de las elites, dañando una vez más la confianza popular en las instituciones políticas.

Con gran beneplácito deben haber recibido los vecinos de nuestra zona el anuncio realizado por el intendente regional, Ricardo Bravo, de que el próximo año se realizará el estudio de factibilidad para extender el Metro Regional hasta Concón. El estudio será costeado con fondos regionales, y si el proyecto es viable, podría financiarse con recursos de la compensación por los aportes gubernativos al Transantiago.

Esta extensión del metro es uno de los grandes anhelos, no solo de los habitantes de esos sectores, sino de nuestras principales ciudades, pues mejoraría la conectividad de la región, sobre todo en esa área, donde las vías de comunicación cada vez se encuentran más saturadas. Lo importante es que se cuenta con el apoyo que las autoridades regionales como las sectoriales del Ministerio de Transportes, están entregando a esta iniciativa.

Desde el punto de vista de la empresa Metro Valparaíso, se trata de una de las ideas que han estado considerando desde hace bastante tiempo, aunque se reconoce que no puede ser abordada con recursos propios, y que se trataría de una de las inversiones más importantes de los últimos tiempos.

En todo caso, tratándose de una obra que tendría un gran impacto social por los servicios que prestaría, podría también contar con recursos del presupuesto nacional, lo que se trataría de una decisión de toda justicia, toda vez que el metro de Santiago ha estado expandiéndose con nuevas líneas o servicios, sin reparar en las cuantiosas inversiones, que se justifican por el gran aporte al transporte público.

Los buenos resultados operacionales de Merval, que ha incrementado notablemente el número de pasajeros movilizados, hacen pensar que dicho proyecto podría ser altamente rentable, no obstante las grandes inversiones que demandaría la topografía que debería enfrentar su trazado, el que podría conectarse adecuadamente con el proyectado desarrollo inmobiliario en el paño de las expetroleras de Las Salinas.

Una de las extensiones mas próxima del Metro Valparaíso es la posibilidad que desde Limache continúe hasta La Cruz, Quillota y La Calera, para lo cual el Gobierno Regional aprobó $205 millones para los estudios preliminares de esta obra, también muy esperada por importantes centros urbanos que se verían favorecidos.