Denuncias por procesos de admisión en colegios se triplican en la región
Valparaíso. Superintendencia de Educación envió oficio a establecimientos que reciben aporte estatal, advirtiendo que multas por vulnerar normas pueden alcanzar las 1.000 UTM.
EMV
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Un exhaustivo proceso de fiscalización lleva a cabo la Superintendencia de Educación este segundo semestre en escuelas, colegios y liceos con el objetivo de supervisar el cumplimiento de las normativas relacionadas a los procesos de admisión que se inician en este periodo. El fin es evitar la exigencia de requisitos académicos y socioeconómicos desde prekínder a sexto básico en establecimientos que reciben aportes estatales, lo que está prohibido por ley, y constatar que las mismas postulaciones para séptimo a cuarto medio sean transparentes y objetivas.
De acuerdo a lo informado por la directora regional del organismo, Rosa Lozano, a nivel país se ha evidenciado un aumento sostenido en denuncias por anomalías en estos procesos, sumando de enero a junio de 2014 un total de 122 reclamos, lo que se traduce en un incremento de un 30% en relación a igual periodo de 2013, donde se contabilizaron 94, mientras que en 2012 fueron 70.
Sin embargo, en la Región de Valparaíso el alza por estas denuncias ha registrado un incremento mayor a la media nacional en lo que va de este año, ubicándose en el segundo lugar, después de la Región Metropolitana, en cuanto a número de requerimientos por esta materia.
Entre el 1 de enero al 1 de agosto pasado la dirección local de la Superintendencia de Educación ha recibido 44 denuncias, más de tres veces que lo registrado en igual periodo de 2013, situación que si bien genera preocupación, también es, a criterio de Lozano, una señal de que los apoderados conocen cada vez más sus derechos frente a estos procesos, por lo que los hacen valer.
'Esto también tiene que ver con el empoderamiento de la ciudadanía de cuáles son sus derechos y de la concepción de la educación como un derecho social', aclaró Rosa Lozano. Por ello, la repartición pública hace hincapié en que estos procesos de admisión son también un elemento clave para lograr un sistema educativo más inclusivo.
En cuanto a cuáles son las principales causales a nivel regional que generan estas denuncias, precisó que la mayor parte tienen que ver con la aplicación de pruebas a estudiantes que postulan a cursos que van desde prekínder a sexto básico, pasando luego por la exigencia de certificados y la no devolución de los montos pagados para enfrentar un proceso de admisión.
La Ley General de Educación, que norma el sistema educativo, establece criterios claros en relación a estos procesos; y esto, a través de una circular, les fue recordado a los recintos que reciben aportes regulares del Estado, consignando en el documento que 'entre el primer nivel de transición y sexto año de la educación general básica en ningún caso se podrá considerar en cada uno de estos cursos el rendimiento escolar pasado o potencial del postulante. Asimismo, en dichos procesos no será requisito la presentación de antecedentes socioeconómicos de la familia del postulante'.
A mayor ahondamiento, la directora regional de la Superintendencia de Educación explicó que además de ser ilegal en estos niveles la evaluación de la capacidad cognitiva del alumno, 'no se pueden pedir -por ejemplo- certificados de bautismo, de matrimonio, fotografías, liquidaciones de sueldo, informes psicológicos ni fonoaudiológicos', algo que, aseveró, debe ser cumplido por los establecimientos que reciben subvención, por cuanto mantienen 'compromisos y obligaciones para con el Estado, convirtiéndose en cooperadores del rol educativo del mismo. Por lo tanto, al tener reconocimiento deben respetar esta normativa'.
Aquellos recintos que no cumplan con la legislación vigente se exponen a un proceso administrativo que, de llegar a acreditar la denuncia, podría aplicar desde una amonestación por escrito hasta una multa que va desde 1 a 1.000 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), unos $ 42 millones.
Cabe precisar que la fiscalización que se encuentra efectuando la Superintendencia de Educación no solo contempla un plan de visitas aleatorias a los establecimientos educacionales, sino que también, y por primera vez, la revisión de la información que estos recintos ponen a disposición de la comunidad escolar a través de sus páginas web.
En cuanto a los procesos de admisión en la educación particular pagada, Rosa Lozano explicó que 'La Ley General de Educación no establece estos requerimientos para estos recintos, entendiendo que son instituciones que no se financian con fondos del Estado'.
Sin embargo, advirtió de forma categórica que no pueden transgredir los derechos contemplados en la Constitución. No obstante ello, aseveró que 'lo que hacemos como Superintendencia con los colegios particulares pagados es orientarlos sobre cuál es el rol que les corresponde como institución educativa'.
Consultado sobre el procedimiento fiscalizador que lleva a cabo el organismo estatal, el presidente del territorio V Costa de la Federación de Instituciones de Educación Particular (FIDE), Patricio Schiavetti, declinó referirse a esta materia.
'(El establecimiento) se compromete a cooperar con el rol del Estado y debe respetar esta normativa, ya que se financia con fondos públicos'
Número de vacantes ofrecidas en cada nivel.