Transcurridos ocho meses sin que se hiciera efectiva la resolución de la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Viña del Mar, respecto a la paralización de la construcción del Mall Marina Arauco 2 de calle 14 Norte, siendo necesario que la Seremi Minvu solicitara el uso de la fuerza pública para cumplir lo dispuesto, la empresa mandante del proyecto, Inmobiliaria Viña del Mar S.A., inició una ofensiva legal para revertir la situación.

Según se pudo confirmar, la empresa ingresó tres carpetas de solicitud de modificación de permisos de edificación, las que se encuentran en evaluación en la DOM viñamarina, entidad que tiene 15 días para adoptar una resolución.

Uno de los temas cuestionados tiene relación con una ampliación unilateral en la cantidad de estacionamientos con que contaba el proyecto original, lo que generó los reparos de la DOM y que hasta la fecha no han sido subsanados.

Cabe consignar que el permiso original de obras para el Mall Marina Arauco 2 data del año 2000, sin embargo, dos años después entró en vigencia un nuevo Plan Regulador en la Ciudad Jardín. La inmobiliaria presentó un estudio de impacto vial en base al parque automotriz del año 2000, que se ha triplicado a la fecha, con la presencia de otros tres centros comerciales en el sector que generan un importante flujo vial. Dicho problema ameritaría que la inmobiliaria sometiera el proyecto a un Estudio de Impacto en el Sistema de Transporte Urbano (EISTU), instrumento que comenzó a regir el año 2006.

La inmobiliaria tampoco habría mencionado que el proyecto modificó sus vías de acceso, situación que habría implicado que la Seremi Minvu exigiera un EISTU.

'edificación irregular'

En la denuncia realizada por el DOM al Tercer Juzgado de Policía Local de Viña, en contra de la Inmobiliaria Mall Viña del Mar, por no dar cumplimiento a la resolución que ordenaba la paralización de las obras, se remitió la resolución N°32-2014, del 15 de julio pasado, donde informa que 'lo edificado irregularmente corresponde a una modificación al proyecto original'.

La paralización de obras por parte del tribunal viñamarino también se sustenta en que 'el proyecto en ejecución no se ajustaba con el permiso de obras concedido el año 2000, lo cual fue verificado por arquitectos del DOM que compararon los planos de dicho proyecto, con el proyecto de modificación ingresado el año 2013, y que fue rechazado en resoluciones del 7 de enero y 4 de junio de 2014'.

En el inciso 7 del fallo del tribunal viñamarino, se da cuenta que 'la clausura solo podrá ser alzada para dar lugar al cumplimiento de las observaciones formuladas, subsanadas las cuales podrá continuarse la ejecución de la obra'.

En acuerdo con el artículo 20 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, toda infracción a ese cuerpo legal será sancionada con un monto que oscila entre el 0.5% y el 20 % del presupuesto de la obra. Ante los 'reiterados incumplimientos a la orden de paralización', el tribunal condenó a Inmobiliaria Viña del Mar el pago de una multa de equivalente al 0.5% del presupuesto oficial de la obra, lo que equivale a 57 millones 133 mil pesos, monto que puede ser apelado.

contratistas se asesoran

De los más de 400 trabajadores que fueron despedidos tras la paralización de obras, solo 190 eran contratados por la constructora Desco. El resto pertenecen a subcontratistas que realizaban labores específicas en las faenas. Un grupo de 40 subcontratados concurrió ayer a las oficinas de la Inspección del Trabajo de Viña del Mar, a objeto de pedir asesoría legal respecto a sus despidos. El director regional del Trabajo (s), Miguel Jiménez, explicó que 'los trabajadores están requiriendo que se les dé el mismo trato que a los trabajadores de la empresa principal, vale decir que se les pague el mes de aviso que no se les había otorgado, pero no aún no existe un reclamo formal'.

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Profundizar las fiscalizaciones a raíz de denuncias formuladas por docentes es el compromiso adoptado por la Seremi de Educación, la dirección local de la Superintendencia de Educación y la Seremi del Trabajo, entidades que conformaron una mesa cuatripartita junto al Colegio de Profesores para abordar los problemas que afectan al magisterio a nivel regional.

La iniciativa se gestó debido a la preocupación manifestada por el gremio docente ante las complicaciones advertidas en distintos casos para lograr una efectiva indagación de sus denuncias, las cuales necesitan, por ejemplo, de informes de otras instancias involucradas en estos procesos.

Una de las áreas que genera mayor inquietud en el Colegio de Profesores es la situación de los docentes que se desempeñan en el sector particular subvencionado, donde de acuerdo a lo precisado por el secretario general de la entidad local, Andrés Reyes, se dan una serie de vicios que deben ser fiscalizados por las autoridades competentes.

Entre ellos menciona el cálculo de la bonificación proporcional (bono SAE), situación que califica como 'una zona gris' puesto que, asegura, un número importante de establecimientos educacionales no estipula debidamente en las planillas de pago el monto correspondiente.

'Nosotros vemos que con las leyes actuales se pueden resolver muchos de los problemas que hoy afectan al profesorado y sin esperar la reforma a la educación', precisó.

En este sentido, la seremi del Trabajo, Karen Medina, aseveró que 'la mesa cuatripartita tiene la voluntad de trabajar de manera coordinada y conjunta para ir abordando las inquietudes que existan en materia laboral por parte de los profesores', acotando que hasta la fecha la Dirección del Trabajo ha recibido un total de 60 denuncias, de las cuales 25 son por contratos y 31 por remuneraciones.

Durante el año pasado, en tanto, fueron acogidas 91 denuncias de docentes, 55 de ellas relacionadas a remuneraciones.

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