Unidad nacional y leyes democráticas
"El atentado fue un acto completamente desquiciado", afirmé en un programa radial. Los responsables buscan dañar la democracia y, en última instancia, inhibir el proceso de reformas que ha venido impulsando la Presidenta Bachelet.
El Ministro Elizalde cuestionó a "quienes tratan de sacar dividendo político de tan dramática situación". Estos, con oportunismo, han afirmado que la agenda programática del gobierno pasará a un segundo plano. Hacen eco de la sensación de caos y freno a la política democrática que buscan actos criminales como el del Metro.
En las redes sociales, muchos han cuestionado el papel jugado por los medios de comunicación tradicionales. Que han abusado del morbo, que han fomentado el terror, son los juicios reiterados. La presidenta del Colegio de Periodistas, Javiera Olivares, criticó la irresponsable portada de un vespertino ("Retorno del miedo") por promover el temor e "incluso puede aportar al objetivo de quienes realizan actos terroristas".
A las pocas horas del atentado, la UDI y RN me emplazaron a retirar del trámite legislativo el proyecto de derogación de la Ley Antiterrorista que presentamos a fines de julio. Nuestra respuesta fue inmediata y constructiva. Retiraríamos el proyecto si respaldan una nueva normativa con estándares democráticos y apoyan sin cortapisas al gobierno en su acción contra los grupos violentos que provocan daños a las personas.
Enfatizo el sentido democrático y jurídico del proyecto para derogar la actual Ley Antiterrorista. No es efectivo que nuestro proyecto no reconociera estos actos o que propusiera un marco jurídico más laxo. Por el contrario, proponemos derogar la Ley Antiterrorista para reemplazarla por nuevos artículos en el Código Penal que aumentan el castigo a delitos como bombazos, secuestros, incendios, etcétera, considerando agravantes si son cometidos en lugares de transporte o espacios públicos por organizaciones disciplinadas y sistemáticas en su accionar.
La Ley actual hasta ahora se ha limitado a calificar la intención de un acto, cuando se trata de sancionar como corresponde estos hechos criminales. Esta no cumple con los estándares internacionales para un Estado democrático, por eso ha sido condenada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De ahí la importancia de respaldar con unidad nacional los cambios legislativos que promueve el gobierno.