Durante la jornada de ayer la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados aprobó la indicación que penaliza con cárcel a los sostenedores de establecimientos educacionales que lucren con recursos del Estado, esto en el marco de la votación en particular del proyecto que pone fine al lucro, la selección y el copago.

La disposición fue aprobada con los votos a favor de los diputados de la Nueva Mayoría y tuvo el rechazo en bloque de los parlamentarios de la Alianza.

La indicación que penaliza el lucro establece que si un dueño de colegio retira utilidades se le ordenará la restitución de ese dinero y también se le podrán aplicar multas sobre el 50 % de dicho monto. En caso de que se niegue o de que reincida en el retiro de utilidades, se abrirá una investigación para determinar si hubo dolo, donde se establecería un delito similar al de malversación. Ello derivaría en la apertura de una causa en el Ministerio Público, que podrían concluir con penas de presidio efectivo.

Los diputados UDI, José Antonio Kast y Jaime Bellolio hicieron reserva de constitucionalidad de la medida aprobada por considerar que se aparta de las ideas matrices del proyecto presentado por el Ejecutivo.

El ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, compartió el sentido de la indicación parlamentaria y señaló que "un delito de este tipo debe ser llevado por la Superintendencia al Ministerio Público, por lo tanto, esto está sometido al debido proceso y no se innova en absoluto a nuestro orden constitucional vigente".

La comisión también aprobó la indicación que prohíbe el lucro en las Agencias Técnicas Educativas (ATE). Dichas entidades han sido cuestionadas porque cobran sus servicios de la Subvención Escolar Preferencial (SEP), destinada a los alumnos más vulnerables.

La indicación establece que las ATE deberán constituirse en un plazo de dos años como personas jurídicas sin fines de lucro y que sus dueños no podrán tener vículos con los sostenedores a los que presten asesorías. Además, aquellas agencias que presten servicios a establecimientos municipales deberán ser seleccionadas mediante un proceso de licitación.

La disposición fue presentada por la diputada Yasna Provoste (DC), quien la semana pasada había dado a conocer que desde el Gobierno le habían solicitado bajar la indicación.

"El Ejecutivo comparte el espíritu de la indicación, en el sentido de que las ATE se han prestado para muchos casos de mal uso de recursos públicos (…) ¿Nos lleva eso a que las ATE deban organizarse como entidades sin fines de lucro?, en mi punto de vista no. Lo que corresponde es regular el funcionamiento de las ATE, eliminando la asimetría de información y con contratos que permitan asegurar calidad. Podríamos terminar con las ATE de mala calidad sin eliminar el lucro", manifestó Eyzaguirre.

En tanto, la Alianza rechazó la indicación, argumentando que la prohibición e lucro en las ATE no era parte del proyecto del Gobierno. "Si las ATE hoy día están prestando una buena ayuda a las escuelas, por qué eliminarlas, por qué no mejor regularlas, para que sean contratos transparentes y se haga una evaluación de las mismas", dijo el diputado Jaime Bellolio.

Carolina Collins

El fiscal Carlos Gajardo se refirió a los aportes reservados en campañas políticas e informó ayer que "en el marco del llamado caso FUT, según lo dispuesto en el artículo 162 del código tributario, se han remitido antecedentes que pudieran constituir delitos tributarios al SII".

El persecutor señaló que la información que se ha logrado recabar corresponde a las elecciones de 2013. "Para continuar adelante con las pesquisas es necesario que exista una denuncia de estos hechos por parte del SII, lo que es una facultad exclusiva de dicho órgano", precisó el persecutor de la Fiscalía Oriente de Santiago.

El fiscal jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente también aclaró que los antecedentes que se han remitido por la fiscalía al SII "dicen relación básicamente con hechos ocurridos durante el año 2013".

Gajardo recalcó que "nuestra tarea es realizar una investigación basada en el principio de objetividad, respetando la presunción de inocencia. Cabe precisar que es una investigación de carácter reservado y actuaremos con prudencia y firmeza para el esclarecimiento de los hechos. En el caso de existir denuncia, y si procediere, los antecedentes serán puestos en conocimiento de los tribunales de justicia".

Gajardo también señaló que el hecho de "que se ventilen públicamente antecedentes de una causa en ningún caso beneficia el éxito de la investigación".

En tanto el ex candidato presidencial de la UDI, Joaquín Lavín, aseguró que desconoce si el Grupo Penta contribuyó a financiar su campaña política. "La verdad es que no lo sé (...) No lo sé, me imagino que sí. Y después cuando voy a los aportes reservados no sé", dijo el ex ministro de Educación en entrevista con CNN Chile.

Con respecto a Carlos Alberto Délano, empresario del Grupo Penta, Lavín explicó que "fue más que financista parte de los equipos, muy amigo y parte de los equipos".

"Conozco a las personas del Grupo Penta, básicamente a Carlos Alberto Délano, del cual soy amigo y lo sé una persona cien por ciento íntegra y cien por ciento honesta. Ahora si hay o no irregularidades en este caso, yo creo como decía un ex Presidente, hay que dejar que las instituciones funcionen", agregó.

El presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Andrés Santa Cruz, reiteró ayer que son los políticos los que se acercan a las empresas para conseguir financiamiento para sus campañas y no las compañías las que los buscan para poner dinero. "Lo que he dicho todos lo sabemos, lo conocen todos. He dicho las cosas en castellano", recalcó.