En un encuentro celebrado en el Salón de Honor del Congreso Nacional, en Valparaíso, se entregaron a la Presidenta de la República Michelle Bachelet las conclusiones del trabajo realizado por la Comisión de Descentralización y Desarrollo Regional con amplia participación de personas y organismos. El documento tiene 70 propuestas en materias políticas, administrativas y económicas. Al recibirlo la Mandataria se comprometió con la materia, propiciando mayores atribuciones regionales, más recursos, participación y una reforma constitucional para la elección directa de los intendentes. La reforma busca, en palabras de la Jefa de Estado, hacer de Chile "un estado unitario, pero descentralizado".

El proyecto correspondiente se enviará en diciembre próximo para establecer esa elección junto a las de alcaldes, concejales y consejeros regionales en octubre de 2016. La propuesta corresponde a lo planteado por la Comisión.

A la vez, se buscará que las mayores autonomías tengan respaldo económico, aspecto fundamental, pues mayores facultades y cargos requieren de herramientas financieras para operar.

Aparece ahí el complejo tema de la justicia en la distribución de ingresos, donde las regiones deberían mantener parte de los tributos que ellas mismas generan. Es el caso de las ciudades puerto, que deben gozar de una compensación correspondiente a la transferencia de carga que acogen. A la vez, como lo plantea el alcalde de Valparaíso, Jorge Castro, también es lógico que la ciudad, su Municipalidad, tenga presencia en la directiva de la empresa pública propietaria de cada terminal.

En el marco del encuentro el subsecretario de Desarrollo Regional, Ricardo Cifuentes, anunció, entre otras materias, un proyecto de reforma electoral que facilite la formación de partidos políticos regionales, cuestión importante si se considera que en política aparece un centralismo que margina e inhibe a representantes efectivamente locales, incluso vulnerando normas existentes.

En la tarea descentralizadora, que no es nueva, pero que ha pecado de estacional, le cabe un rol importante al sector privado, que tiende a concentrar sus estructuras limitando atribuciones y funciones a sus ramas locales.

Las conclusiones de la Comisión de Descentralización son una valiosa primera etapa del proceso. Ahora viene el momento de las decisiones en que se expresará la voluntad política de respaldo a las propuestas. Ello implica el envío de proyectos del Ejecutivo al Congreso, luego discusiones para, finalmente, concretar en leyes los avances descentralizadores.

Pero hay que ser realistas: las leyes no son mágicas y sus resultados reales, positivos, residen en su buena formulación y en el ánimo de su efectiva aplicación.