Una buena noticia tras la crisis ambiental desatada por el derrame de 22 mil litros de hidrocarburos en la bahía de Quintero: las aguas ya no acusan niveles apreciables de contaminación. Así lo ha determinado un análisis realizados por el Instituto de Salud Pública (ISP) y, en base a ello, se ha autorizado el uso de las playas del sector para el baño y fines recreativos.

Si bien es cierto que las restricciones se mantienen en cuanto a la extracción de productos del mar, la apertura de las playas es un avance en un aspecto de la actividad turística.

Sin embargo, el daño causado por la contaminación es grave para la pesca artesanal del área que se ve privada de su fuente de ingresos y, en buena medida, afecta también a la gastronomía turística que se abastece de ese rubro.

Al respecto se espera un estudio específico del mismo ISP que debería ser entregado esta semana. En tanto, está autorizada la pesca de la jibia, que se realiza cuatro millas mar adentro, evitando sí la contaminación cruzada que se podría producir en embarcaciones y elementos de trabajo afectados por la contaminación costera.

Con un cese total de las restricciones -uso de playas y eventual apertura a la pesca ribereña- no se puede dar por cerrado este episodio, aun cuando se apliquen sanciones y se indemnice en forma justa a los afectados.

Es necesario mirar el futuro del área Quintero-Puchuncaví en forma global. Un tema son las descargas de combustibles, en cuya seguridad hay que insistir a partir de la reciente experiencia, y otro los dilatados problemas de contaminación asociados a procesos productivos de empresas estatales y privadas.

Al respecto, ya hay una resolución de la Corte Suprema que exige al Ministerio de Medio Ambiente la entrega de los informes de monitoreo ambiental del área.

Todo este cuadro da cuenta, en primer lugar, que Quintero-Puchuncaví es un área vulnerable en razón de la concentración de actividades productivas allí radicadas.

En consecuencia, corresponde aplicar una política anticipación, con protocolos de actuación, normativas específicas y un permanente monitoreo de la atmósfera, las aguas, los suelos, flora y fauna y, fundamental, la salud de las personas. Este monitoreo debe garantizar objetividad y, quizás, sea conveniente entregarlo a alguna entidad independiente, calificada científicamente, como podría ser alguna universidad.