Avance en defensa de los casinos
Finalmente hay un anuncio concreto en la verdadera película de suspenso que ha significado el eventual próximo fin de los casinos municipales en virtud de la ley 19.995 de 2005, que termina con esos establecimientos. Su aplicación significaría, simplemente, una dramática merma en los ingresos de siete municipalidades del país, entre ellas Viña del Mar.
Tras largas gestiones y estudios se ha llegado a un principio de acuerdo entre el Ejecutivo y las municipalidades afectadas que se traduciría en una prórroga por dos años de las actuales concesiones, operadas por privados, además de una normativa sobre los ingresos y la dependencia de esos recintos.
La mencionada ley estableció la existencia de la Superintendencia de Casinos de Juego, de la cual en la actualidad dependen los nuevos recintos surgidos al amparo de esa disposición, quedando al margen los establecimientos municipales. La modificación anunciada haría depender a los municipales de esa entidad estatal, con lo cual las corporaciones edilicias perderían su actual facultad de licitar y adjudicar dichos recintos.
Ese es el punto clave, pues se relaciona con la fijación del porcentaje de ingreso que las salas de juego entregarán a cada una de las siete comunas titulares de esos establecimientos. Hasta ahora esa decisión correspondía a cada municipalidad, lo cual se traduce hasta la fecha en un importante ingreso a cada comuna, para Viña del Mar estimado en un 50% de su presupuesto. Mantener ese nivel de ingreso debe ser un punto clave de la nueva normativa, más allá de las facultades de la Superintendencia.
Hay que hacer presente, una vez más, que aquí está en juego no solo el dinero, sino que la preservación de derechos adquiridos; en el caso de Viña del Mar, la creación de su Casino se hizo en base a una ley de 1928 que estipula finalidades definidas: estimular el naciente turismo de la ciudad y lograr recursos para obras de progreso local, propósitos logrados por décadas.
Por otra parte, se debe tener presente que la existencia de casinos municipales, propiedad pública, significan un elemento regulador en una actividad compleja donde también y mediante otras modalidades participa el sector privado.
De cualquier modo, el anuncio de un proyecto de ley por parte del Ejecutivo, al cual se deben buscar consensos en el Legislativo, es un avance importante para mantener en el tiempo una tradicional fuente de ingresos para las siempre escuálidas arcas municipales.