Ayer, el Colegio de Profesores anunció un paro nacional para este miércoles 29 de octubre y aseguró que si el Gobierno no entrega soluciones a las demandas más urgentes de la llamada "agenda corta", la protesta podría repetirse, pero de manera indefinida, a partir de noviembre.

"Convocamos a un paro nacional de actividades docentes, de advertencia, para el próximo miércoles 29", aseveró el presidente del magisterio, Jaime Gajardo, quien agregó que la paralización de esta semana sería de 48 horas en todo el país.

"De no haber respuesta a la solución de la agenda corta y la instalación de una mesa para ponernos de acuerdo en una agenda y método de trabajo sobre carrera docente y desmunicipalización, convocamos a un segundo paro nacional para los días 5 y 6 de noviembre", sostuvo el dirigente.

Tras estos paros se convocará para el día 7 y 8 de noviembre una asamblea extraordinaria para evaluar un paro indefinido que comenzaría el 10 de noviembre.

Los cinco puntos que demandan el gremio son el aumento del ingreso mínimo, un bono de incentivo al retiro, la regularización de los profesores a contrata, terminar con el agobio laboral y formar una mesa de diálogo para tratar la deuda histórica.

Por su parte, el director del Colegio de Profesores Metropolitano, Jorge Abedrapo, explicó que "hay un sistema que se llama plan anual de desarrollo municipal, que es el proceso en el cual se hace todo en análisis respecto de las plantas docentes y todo lo que significa también lo administrativo y pedagógico".

"En relación a la planta docente, ya se les ha notificado a los profesores en muchas comunas que por razones presupuestarias estarían siendo despedidos, es decir, aquí va a quedar mucha gente sin trabajo", advirtió Abedrapo.

Esto "el Gobierno puede solucionarlo, estaba comprometido a solucionarlo, pero no lo ha hecho hasta el momento", acusó.

El gremio manifestó además su apoyo al paro de docentes en Los Ángeles, Tomé y Chiguayante y adelantó que se realizará una campaña nacional para recolectar 100 mil firmas por la deuda histórica.

Miles de apoderados de los colegios particulares subvencionados, algunos en compañía de sus hijos, marcharon por las calles de Santiago en contra de la reforma educacional y del proyecto de ley impulsado por el Gobierno que elimina el lucro, el copago y la selección escolar, legislación aprobada esta semana en la Cámara de Diputados.

La manifestación fue convocada por la Confederación de Padres y Apoderados de Colegios Particulares Subvencionados (Confepa), a la cual también adhirieron apoderados de la Federación de Instituciones de Educación Particular (FIDE), de la agrupación de Colegios Particulares de Chile (Conacep), y parlamentarios de la Alianza, como el presidente de la UDI, Ernesto Silva, y el diputado Felipe Kast (Evopoli).

Según la organización, más de 200 mil personas asistieron a la marcha, en la cual resaltó la presencia de retroexcavadoras, aludiendo a los dichos que en su momento emitió el senador Jaime Quintana (PPD) sobre la profundidad que tendrán las reformas de este Gobierno.

Los apoderados de la Confepa realizan hace meses una campaña comunicacional en contra de la reforma educacional del Gobierno, acusándola de "experimentar" con sus hijos. Uno de sus mayores temores es que ésta pueda provocar el cierre de colegios particulares subvencionados.

"Por favor escúchennos, piensen en nuestros hijos. Lo único que nosotros le pedimos es que no condicionen la subvención de nuestros hijos por la personalidad jurídica de los colegios. Busquen fiscalizar, busquen regular, busquen generar todas las instancias que aseguren que no hayan abusos, pero no a costa de nuestros hijos", expresó la presidenta de la Confepa, Érika Muñoz, en declaraciones citadas por radio Bío Bío.

Por su parte, el presidente de la agrupación de Colegios Particulares de Chile (Conacep), Hernán Herrera, sostuvo en entrevista con 24 Horas que "los parlamentarios quedaron rehenes de la bancada estudiantil y del Partido Comunista".

De todas formas, manifestó su esperanza de que se puedan realizar modificaciones al proyecto de ley en el Senado y sostuvo que, en caso contrario, "no es una amenaza ni una campaña del terror, pero es una realidad que una gran cantidad de colegios particulares subvencionados van a cerrar, porque no se dan las condiciones para que puedan seguir".

Desde la oposición, el presidente de la UDI, Ernesto Silva, aseguró que "queremos decir a los papás que no se sientan solos, por eso los venimos a acompañar. Por más que Michelle Bachelet quiera hacer una reforma que cierra los colegios y afecta a la clase media, ellos no están solos y los vamos a acompañar".

El senador de PPD, Guido Girardi, manifestó su apoyo a la reposición de la indicación que sanciona el lucro con una pena carcelaria y criticó la marcha de la Confepa, aludiendo que la organización "quiere mantener la educación como un negocio". "Ésta es la reforma más importante que ha hecho Chile desde la vuelta de la democracia, que es establecer la educación como un derecho y no como un bien de consumo; y que los recursos públicos no tengan lucro porque no deben ir al bolsillo de los empresarios de la educación; y que no haya selección, que no se permita discriminar a los niños", afirmó, en declaraciones citadas por Emol.

La deuda histórica con los profesores fue originada por el incumplimiento de la ley 3.551 de 1981, que dispuso un reajuste del sueldo base al sector público, estableciendo una asignación especial no imponible para el personal docente dependiente del Ministerio de Educación. En julio de este año, un grupo de diputados de la Nueva Mayoría presentaron un proyecto de ley para pagar esta deuda histórica, la cual asciende a unos US$ 12 mil millones, según declaró el mismo Gajardo.

Pamela De Vicenzi