La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, promulgó ayer la nueva ley de hidrocarburos, aprobada este jueves por el Parlamento, que pretende, según el Ejecutivo, incentivar las inversiones en este sector.

La nueva ley sustituye a otra de 1967 y fue impulsada por el Gobierno argentino, con el apoyo de la petrolera YPF, controlada por el Estado argentino. La norma, según el Ejecutivo, busca favorecer la inversión en exploración y explotación, algo que Argentina necesita con urgencia para paliar sus problemas de abastecimiento y de manera intensiva, ya que el desarrollo de la gran formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta requerirá cuantiosos fondos.

Pero para fomentar la inversión, la nueva ley incluye cambios que limitan el poder de las diez provincias petroleras de Argentina, las que, según la Constitución del país, son las dueñas de los hidrocarburos cuya exploración y explotación se otorga en concesión.

El nuevo marco legal unifica los distintos modelos de pliegos de licitación de áreas petroleras que aplican las provincias. Además, pone límites al denominado sistema de "acarreo", por el que hasta ahora las provincias participan de los proyectos aportando solo su título de propiedad sobre los recursos, mientras que los privados corren con todo el aporte de capital y la operación de los proyectos.

Con la nueva ley, las empresas petroleras de los estados provinciales solamente podrán participar en la etapa de desarrollo de los proyectos en proporción a sus aportes de inversión.

Por otra parte, la norma promulgada ayer fija nuevos plazos para las concesiones, ampliados y diferenciados según el tipo de explotación: 25 años para los yacimientos convencionales, 35 para los no convencionales y 30 para los desarrollos costas afuera.

Las provincias podrán otorgar prórrogas cada 10 años a las empresas que cumplan con las inversiones pautadas.

Precisamente estos puntos generaron gran polémica entre los parlamentarios de oposición. Esto porque consideraban que los plazos de las concesiones son excesivos y que recortan los ingresos de las provincias. La oposición argumenta que se busca beneficiar a la estatal YPF.

Con la ley vigente hasta este jueves, regía un plazo de concesión de 25 años, con una única prórroga por 10 años.

El nuevo marco establece que el concesionario de explotación pagará mensualmente a la provincia del área en concesión un 12 % en concepto de regalía.

La nueva ley promulgada busca incentivar las inversiones en el sector energético y paliar el déficit argentino.

Desde la oposición criticaron que la legislación beneficia a la estatal YPF en desmedro de las provincias.

La ley establece plazos para las concesiones de 25 años para los yacimientos convencionales y 35 para los no convencionales.

La ley fue aprobada por la Cámara de Diputados trasandina el jueves con 130 votos a favor, 116 en contra y una abstención.

Con la legislación que actualmente estaba vigente regía un plazo de concesión de 25 años con una prórroga de 10 años.