Fiscalía se querella contra líder catalán tras consulta
España. Artur Mas dijo estar tranquilo, pues cree que no se ha hecho nada ilegal.
El Presidente catalán, Artur Mas, pidió ayer al Gobierno español un diálogo para una consulta soberanista en esa región, en el mismo día en que se supo que la Fiscalía se querellará contra el dirigente nacionalista por su papel en la votación del pasado 9 de noviembre (9N).
La respuesta a la petición de Mas la dio la vicepresidenta del Ejecutivo español, Soraya Sáenz de Santamaría, quien aseguró que el 9N fue un "fracaso" de las autoridades catalanas y acusó al gabinete regional de "saltarse la ley con la excusa de la política".
El domingo pasado, unos 2,2 millones de personas votaron en un proceso de participación planteado por los nacionalistas catalanes como vía para expresar su deseo de poder decidir acerca de la soberanía del territorio, que cuenta con 7,5 millones de habitantes.
El Ejecutivo español considera ilegal esa iniciativa y por ello recurrió ante el Tribunal Constitucional (TC) tanto la consulta oficial que el gabinete catalán convocó inicialmente como el proceso de participación popular que finalmente se llevó a cabo.
El Tribunal Constitucional suspendió ambas iniciativas y en los próximos meses decidirá sobre su legalidad o no.
delitos
Mientras tanto, la Fiscalía decidió presentar una querella, que se hará efectiva hoy contra Mas y, al menos, dos integrantes de su Gobierno: la vicepresidenta Joana Ortega y la consejera de Enseñanza, Irene Rigau, aunque se podría dirigir también contra el titular de la consejería vinculada con la confección de las papeletas del 9N, elaboradas por presos de las cárceles.
Entre los delitos que la Fiscalía estudia atribuir a Mas y a los consejeros implicados figura el de malversación de caudales públicos, debido a los gastos que ha supuesto la celebración del proceso participativo y sus preparativos.
El Ministerio Público cree que los querellados podrían haber incurrido además en un delito de desobediencia, por haber asumido el liderazgo de la consulta pese a que había sido suspendida por el Constitucional, así como de prevaricación.