A fines de enero podría conocerse el nombre de la empresa que se encargará de realizar el estudio de prefactibilidad para ampliar el servicio de Metro Valparaíso hasta Quillota y La Calera.

Así lo dio a conocer ayer la gerenta de Merval, Marisa Kausel, quien aseveró que hasta la fecha, 18 empresas consultoras, tanto nacionales como extranjeras, han comprado las bases de la licitación que analizará la factibilidad económica y alternativas de conexión entre Limache y las mencionadas comunas, además de evaluar el número de estaciones a habilitar, entre otros aspectos relevantes.

La información fue comunicada tras una reunión que sostuvieron en la Intendencia el jefe regional, Ricardo Bravo; los alcaldes de La Calera, Eduardo Martínez, y de Quillota, Luis Mella; el gobernador de Quillota, César Barra; el secretario regional ministerial de Transportes y Telecomunicaciones, Patricio Cannobbio, y la propia Marisa Kausel.

Cabe consignar que en el marco del cronograma del proceso de licitación se establece que el próximo 12 de diciembre se recibirán las ofertas técnicas y económicas, mismo día en el cual se abrirán las propuestas técnicas, mientras que el 9 de enero se efectuará la apertura de las ofertas económicas, para luego, en un lapso de un mes, y de acuerdo a lo informado por Marisa Kausel, determinar qué firma se hará cargo del estudio de prefactibilidad.

Jaime Figueroa Molina, el empresario que arrendó de maquinaria pesada al Gobierno Regional para realizar las labores de remoción de escombros en los cerros afectados por el megaincendio de Valparaíso y cuya factura por casi $ 300 millones de pesos aún está impaga, debido a un presunto intento de fraude, entregó su versión de los hechos. Figueroa acusa de un "desorden administrativo" al interior del Gore, que nadie fiscalizó los servicios prestados, lo que gatilló que se dilatara el pago de sus servicios, motivo por el cual entregó la boleta a una empresa de factoring, la que entabló una demanda ante el Cuarto Juzgado Civil de Valparaíso para exigir la cancelación de los montos adeudados.

"Producto de esta situación estoy casi en la ruina, he tenido que vender 5 camiones y despedir a 10 personas que trabajaban conmigo", argumentó, junto con descartar cualquier intento de fraude o cobro ilícito en los trabajos realizados.

Figueroa ya declaró ante la Contraloría Regional, hasta donde fueron remitidos los antecedentes por parte de la Intendencia, luego de ser revisados los antecedentes por los equipos jurídicos y administrativos, que detectaron eventuales irregularidades que podrían ser causal de fraude.

"A nosotros nos contrató la Onemi, le presentamos el estado de pago y nos dice, que por el monto, nos tiene que pagar la Intendencia. Presenté todos mis papeles a la Intendencia, ya que cobrábamos por turnos de 8 ocho horas por el retiro de escombros. Nunca estuvieron con nosotros fiscalizando, no hicieron nada, porque supuestamente nos iba a estar supervisando el MOP. Comenzaron a contar por hora y se les armó un enredo, ya que no cuadran con los turnos", sostiene.

Figueroa insiste en la falta de fiscalización, que de esa labor se hizo cargo la municipalidad, pero "después dijeron que no aceptaban a la municipalidad, no sé en qué se están basando y todos los días inventan algo nuevo. Me gustaría que el intendente u otra autoridad me pueda escuchar".

Según Figueroa, se vio en la obligación de "factorizar" la factura, ya que pasaron más de dos meses sin tener respuesta, y le debía responder a todo el personal que subcontrató para realizar los trabajos de retiro de escombros. "Esa plata la dividí entre todos los subcontratistas. La Onemi tenía claro cómo operamos, la Intendencia llegó al último a revisar el estado de pago, pero nunca tuvo un rol fiscalizador", enfatizó.

La tarifa de los camiones en arriendo era de 320 mil pesos el turno de 8 horas, aseveró. "Aquí existe un desorden, espero que me llamen y arreglemos esto. Yo vivo de mis camiones, he tenido que vender cinco máquinas y estoy a punto de la quiebra", lamentó el empresario.

El Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de Valparaíso se transformó en el primer Serviu a lo largo del país en presentar y ganar demandas que exigen la restitución de subsidios, contra personas que declaraban que tenían urgente carencia habitacional, pero que sin embargo una vez obtenida la vivienda, la arrendaban para lucrar con ella. Se trata del caso conocido hace unos años como "falsos pobres", investigado por el programa Contacto de Canal 13, en la que con cámaras ocultas lograron comprobar que personas falsearon sus antecedentes para postular a los programas del Minvu, obteniendo viviendas sociales, las que luego arrendaban a turistas que iban a veranear a Papudo.