Durante la mañana de ayer la ministra en visita Dobra Lusic llegó hasta la Base Aérea de El Bosque para notificar a cinco oficiales de la Fuerza Aérea de Chile de su procesamiento por incumplimiento de deberes militares en el caso de la tragedia del avión CASA 212, que cayó en la Isla de Juan Fernández el 2 de septiembre de 2011 dejando 21 personas muertas.

El sumario fue reabierto en abril de este año por orden de la Corte Suprema para que se investigara el delito de incumplimiento de deberes militares de los funcionarios que no elaboraron los protocolos para volar al archipiélago.

Según determinó la ministra, el jefe del Estado Mayor del Comando de Combate, Guillermo Castro, y el general y excomandante en jefe de la V Brigada Aérea, Julio Frías -ambos en retiro-, así como el actual comandante de escuadrilla de operaciones de apoyo al grupo de aviación número 8, con asiento en Antofagasta, Sergio Castro Moya, tendrían responsabilidad en el incumplimiento de los deberes militares determinados por la institución en el artículo 299 del código de justicia militar.

Otros dos funcionarios activos de la FACh también fueron notificados de su procesamiento ayer: el comandante en jefe de bandada del transporte táctico del grupo de aviación número 8 de la Quinta Brigada, Mauricio Barría Ruiz, y el comandante oficial de servicio del centro de operaciones aéreas, Mauricio Solano Pereda.

Los cinco militares fueron detenidos pero quedaron con libertad previo pago de una fianza de $ 100 mil. Sin embargo, los funcionarios deberán esperar detenidos en la base aérea hasta que se pronuncie la Corte Marcial para hacer efectiva su libertad.

Tras conocer la decisión de la magistrada, Héctor Díaz, el padre de una de las 21 víctimas Galia Díaz, valoró la determinación en entrevista con CNN Chile, pero manifestó que la FACh "perdió la oportunidad de hacer las cosas que debía cuando correspondía" al no querer establecer las responsabilidades entre los altos mandos que son los responsables de cumplir con el código.

Díaz afirmó que la causa fue reabierta por la Corte Suprema a pedido de los abogados porque "existían diligencias pendientes que el ministro Mera no quiso acoger" como por ejemplo, "todos los trámites previos al vuelo, donde claramente estaba la responsabilidad de la Fuerza Aérea de Chile", aseguró el padre de Díaz.

Una de las claves para que se determinara que el accidente no se produjo solo por causas fortuitas es el testimonio de un mecánico, quien declaró que recibió órdenes de retirar los estanques de combustible de reserva, una de las principales razones del accidente y que, según Díaz, solo pudo ser ordenado por un alto mando.

El caso había sido cerrado en noviembre de 2012 por el juez Juan Cristóbal Mera, quien sobreseyó la investigación concluyendo que el accidente se produjo porque la tripulación voló el avión "a una altura peligrosamente baja" en un clima hostil de vientos y torbellinos. Esta resolución fue confirmada por el tribunal castrense en marzo de 2013.

La responsabilidad penal del piloto Juan Pablo Mallea y de la comandante del vuelo Carolina Fernández se extinguieron con la muerte de ambos, el juez dictó el sobreseimiento definitivo.

2012 El caso había sido cerrado en noviembre de 2012 por el juez Juan Cristóbal Mera, que sobreseyó la investigación.

2013 El tribunal castrense ratificó la resolución del juez Mera en marzo de 2013 determinando sobreseimiento definitivo.

2014 En abril de este año la Corte Suprema acogió la solicitud de los abogados y reabrió el sumario de la causa.

Carabineros dio inicio ayer a una indagatoria interna para esclarecer el incidente ocurrido la noche del viernes en una parcela en Lleu Lleu, Región del Biobío, en los que un funcionario falleció tras recibir un disparo del dueño del terreno. La investigación, según consignó Emol, también tendría la finalidad de establecer si es que se cometió algún error en los procedimientos que terminaron con la muerte del cabo Álex Gutiérrez Vásquez (27) en un terreno ubicado a 39 kilómetros de Cañete, en la Provincia de Arauco. Según afirmaron fuentes a dicho medio, al interior de la institución se cree que no hubo irregularidades en el procedimiento.

Cuatro años y un día de libertad vigilada deberá cumplir el sacerdote de los Legionarios de Cristo, John O'Reilly luego de que se confirmara la sentencia determinada por el Tercer Tribunal Oral de Santiago la semana pasada, que determinó que el religioso es culpable de abusos sexuales reiterados de una menor de edad al interior del Colegio Cumbres, donde era un guía espiritual. La sentencia se ratificó luego de que tanto la defensa como los demandantes descartaran solicitar dentro de los plazos establecidos la nulidad del proceso, que podría haber dejado sin validez lo determinado por la justicia con respecto a uno de los dos casos de abuso por los que había sido imputado por la Fiscalía Metropolitana Oriente.