De toda justicia fue la entrega en concesión de la Caleta Portales a los pescadores que allí operan desde hace largo tiempo y que deben afrontar los problemas propios de su arriesgada y sacrificada actividad.

La decisión, anunciada por la Presidenta de la República Michelle Bachelet, en cierto modo venía a mitigar los problemas de esos trabajadores artesanales, que afrontan más allá de las condiciones peligrosas de su centro de actividades, el mar, la baja en la captura y la competencia de la operación de naves mayores. Sin embargo, la disposición que ha entrado en vigor pecó, como muchas buenas decisiones, de poca prolijidad, pues no se adelantó a un conflicto que inevitablemente se produciría.

La caleta es centro de operaciones no solo de los pescadores, sino que también de comerciantes que expenden allí productos del mar procedentes de otros lugares, operando así como terminal pesquero, y también de empresarios gastronómicos que desde hace largo tiempo tienen en ese punto sus establecimientos.

Ahora los pescadores, titulares de la concesión, están haciendo exigencias de pago a esas actividades, calificándolas incluso de ilegales.

Lógico hubiese sido establecer en la norma de la Subsecretaría de Marina que entregó la concesión disposiciones precisas en relación a esos ocupantes para así evitar el conflicto actual.

Hay hechos que se deben reconocer: los restaurantes situados en el lugar son una indudable atracción, tanto para residentes de la zona como para visitantes. Además, constituyen una fuente de empleo y tributan como todo comerciante.

Los vendedores de productos del mar situados en instalaciones levantadas con recursos públicos, también aportan a la ciudad, tributan y dan empleo.

Es innegable que estas personas, que no son pescadores pero que allí tienen su centro de actividades, lucran legítimamente con su trabajo, pero es indudable también que no se les puede hacer salir presionándolos con arriendos que podrían ser elevados.

Es necesario llegar a un acuerdo entre las partes y establecer una buena convivencia en el lugar, evitando acciones de fuerza. Frente a esta realidad, la autoridad, asumiendo su papel de promotora del bien común, debe actuar buscando una justa solución al conflicto cuya prolongación puede afectar a las partes, a la ciudad misma y a la actividad turística, uno de cuyos polos es, precisamente, la Caleta Portales. Junto a lo anterior, como consideración general, hay que tener presente la importancia de normar con prolijidad medidas que, siendo positivas, mal diseñadas se convierten en fuentes de conflictos.