Por ahora los trabajos de investigación por el ataque ocurrido en un cuartel de la Brigada de Homicidios de la PDI el lunes, se han centrado en la obtención de pruebas de ADN desde los overoles que usaron los encapuchados que realizaron el ataque, que quedaron al interior de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, desde donde salieron los individuos.

Según consignó Emol, antes de dejar las prendas abandonadas en el recinto educacional intentaron quemarlas, sin lograrlo. Durante la noche del lunes se realizó un allanamiento a una vivienda en la capital, donde se habría encontrado más evidencias que tienen que ser analizadas y comparadas con las que se encontraron en el lunes. Sin embargo, aún no hay ningún detenido por el incidente en el que tres efectivos de Investigaciones resultaron con lesiones.

La fiscalía metropolitana Oriente se ha fijado como objetivo determinar si es que los encapuchados que el lunes salieron desde la Universidad Academia de Humanismo Cristiano pertenecen a esa casa de estudios.

El jefe de la fiscalía, Alberto Ayala, afirmó ayer que por ahora "antecedentes concretos para determinar hoy si efectivamente son o no son miembros de la universidad". Asimismo Ayala señaló que se buscará probar que los delincuentes salieron desde la universidad, puesto que sólo se tiene certeza de que entraron a ese lugar luego de amarrar con cadenas las rejas del retén y tirar cinco bombas molotov en su interior.

El ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo se refirió a los hechos y justificó la invocación de la Ley de Seguridad Interior del Estado, asegurando que "es un hecho que requiere de las máximas sanciones".

recurso

Ayer el abogado de la intendencia de Santiago, Ignacio Pinto, junto al abogado representante del Ministerio del Interior, Víctor Santelices, llegaron hasta el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago a concretar la querella que invoca la Ley se Seguridad Interior del Estado contra todos quienes resulten responsables del ataque.

El recurso también busca perseguir a los autores de los delitos de incendio, porte de artefacto incendiario y lesiones a funcionarios policiales.

Más tarde el intendente de Santiago, Claudio Orrego, le hizo entrega de la querella presentada al intendente metropolitano.

Peñailillo afirmó que "está trabajando intensamente, sin parar desde el momento que ocurrieron estos hechos. La instrucción que tienen es disponer de todos los recursos necesarios para lo antes posibles tener la identificación de estas personas. Nosotros no queremos impunidad frente a este hecho".

El secretario de Estado agregó que "ocuparemos todas las herramientas legales que se necesiten para que estas personas cumplan las máximas condenadas posibles ante el Poder Judicial".

El ministro del Interior además informó que el cuartel que sufrió el ataque será cambiado de lugar, pero afirmó que de todas maneras "claramente se requieren tomar algunas medidas prácticas de seguridad". Peñailillo además realizó un llamado para que todas las personas que tengan antecedentes o información sobre el ataque colaboren y la pongan a disposición de la justicia.

La autoridad de Gobierno añadió que la invocación de la Ley de Seguridad del Estado va a permitir lo antes posible "tener a estas personas en manos de la justicia".

Desde la UDI criticaron la gestión del Gobierno en seguridad, a raíz del ataque al cuartel de la PDI. Los diputados Gustavo Hasbún y Juan Antonio Coloma llamaron al Ejecutivo a "reaccionar con fuerza y rigor para erradicar el terrorismo del país". Los parlamentarios acusaron que el terrorismo le está "doblegando la mano al gobierno, pues tal parece que la Nueva Mayoría prefiere quedarse de brazos cruzados".

Carolina Collins

El ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, reiteró ayer la necesidad de despachar con prontitud el proyecto de reforma educacional que está en discusión en el Senado, confirmando que incluso su tramitación podría extenderse hasta febrero. El secretario de Estado se refirió a la agenda legislativa fijada por el gobierno para sacar adelante una serie de proyectos de aquí al 31 de enero cuando termina el año legislativo, reconociendo que se trata de "un calendario muy exigente".

"Siete leyes que quedan de aquí al 31 de enero y una de ellas es muy importante, es de inclusión, que termina con la segregación, con que los recursos muchas veces no se van a la sala de clases sino a otros fines, y la ley con fin al lucro", comentó.

Con ello, el ministro detalló que la idea es que en el proyecto que pone fin al lucro, al copago y a la selección, "el día 9 se vote en general en la comisión (de Educación del Senado), el día 15 se vote en sala en general y el 31 de diciembre se termina con el plazo de las indicaciones y el 20 de enero se está votando en Sala en particular", para que sea ley.

Reconoció que "eso requiere trabajar más horas, trabajar otros días, más semanas, no cabe ninguna duda. Pero los parlamentarios de la Nueva Mayoría están disponibles, porque creen en la educación como un derecho social".