Una serie de críticas originaron las afirmaciones del gerente corporativo de Desarrollo de Mall Plaza, Cristián Somarriva, quien señaló en estas páginas que "es imposible mantener la fachada (de la bodega Simón Bolívar) totalmente descubierta, sino, no habría proyecto" y que Puerto Barón tiene por parte de los porteños "una aprobación por sobre el 70%".

El diputado por Valparaíso Joaquín Godoy recordó que Chile "adquirió compromisos con la Unesco y el Gobierno no los está cumpliendo, ya que la Unesco hizo una serie de exigencias, como un nuevo estudio de impacto ambiental patrimonial producto de esta intervención. Respecto de si los porteños quieren o no quieren mall, la pregunta tendría que ser ¿Los porteños quieren que muera el puerto de Valparaíso? porque yo creo que no hay ningún porteño que va a decir que sí, y si se instala ese mall se mata el puerto, no lo digo yo, sino la Armada de Chile".

Por su parte, la concejala de Valparaíso Paula Quintana planteó que "hay que esperar si la Unesco considera que el resultado del informe que va a presentar el Comité presidencial califica como un proyecto alternativo o no. También quiero expresar mi preocupación porque el Comité realizó un análisis y terminó con un resultado que no es el mismo que se ha dado a conocer a la opinión pública: eran 23 observaciones y el informe contiene solo 19 observaciones. Me pregunto cuáles son esas 4 observaciones que el Comité presentó, que hoy día después de una revisión por parte del Gobierno Central, fueron eliminadas y quedaron en el túnel Lo Prado, porque al parecer este ya no es un proyecto alternativo".

Sobre la bodega Simón Bolívar, Quintana recordó que "la Unesco pide conservarla pero Somarriva dice que no es posible dejar la fachada plenamente descubierta porque eso sería otro proyecto, y bueno, eso es justamente lo que pidió la Unesco, un proyecto alternativo que no violentara el paisaje urbano y patrimonial".

Una visión similar tuvo el consejero regional Manuel Millones, quien fustigó que "el subsecretario del interior, Mahmud Aleuy, tras recibir las 23 observaciones de parte del gobernador, Omar Jara, bajó cuatro observaciones, siendo estas las que más se acercan a lo que informó ICOMOS Chile y las organizaciones sociales que han planteado reparos".

Uno de estos opositores ciudadanos es el biólogo Salvador Donghi, quien mantiene una querella criminal por daño arqueológico contra la iniciativa y consideró "muy grave cómo se engaña a la opinión pública aparentando que este es un proyecto inocuo para la ciudad de Valparaíso".

La Fundación Defendamos la Ciudad interpuso ayer un recurso de amparo en el Consejo Para la Transparencia, en contra del Ministerio de Hacienda, por no responder información pública. Tras haber solicitado, el 24 de octubre, respuestas acerca de un supuesto subsidio estatal de 20 millones de dólares, que habría sido resuelto por dicha cartera para el proyecto mall Puerto Barón, transcurrido un mes en que no hubo respuesta, la organización decidió recurrir ante Transparencia, atendiendo a que Hacienda no negó el supuesto subsidio ni entregó un documento que lo respaldara.

Cristián Rojas M.

Luego de analizar las pericias psiquiátricas, el juez Luis Zelaya decidió ayer procesar a Lucas Ariel Azcona por el delito de "homicidio calificado por odio de género" de la joven Nicole Sessarego, porteña del cerro Cordillera y alumna de la Universidad de Playa Ancha, que se encontraba en Buenos Aires en un intercambio estudiantil.

El informe psicológico de Lucas Ariel Azcona revela que el acusado del crimen de Sessarego, además de ser imputable y presentar rasgos psicopáticos, es un misógino. Más aún: el delito por el cual lo procesó el juez contempla una condena a prisión perpetua.

Azcona seguirá detenido en el Penal de Ezeiza, en el pabellón de pacientes psiquiátricos, a la espera del juicio oral. "Mató porque odia a las mujeres", dijo el abogado de la familia de Nicole, Julio Cisterna.

Tras conocerse la resolución, el abogado Cisterna explicó que el juez resolvió convertir en prisión preventiva la detención del acusado y calificó el delito como un "homicidio calificado" en base al artículo 80, inciso 4°, del Código Penal, que impone reclusión o prisión perpetua para quien mate "por placer, codicia, odio racial, religioso, de género o a la orientación sexual".

El abogado de Azcona, Jorge Borgo, cuestionó la calificación utilizada por el juez. "Voy a apelear la calificación legal. Para mí, no están dadas las condiciones de ese artículo", dijo. Para el abogado, según su criterio, el crimen de Sessarego Bórquez debería calificarse como "un homicidio simple", cuya pena es menor a la perpetua del homicidio agravado y va de ocho a 25 años de cárcel.

"Voy a apelear la calificación legal. Para mí, no están dadas las condiciones de ese artículo"