Fuertes discrepancias generó entre actores del mundo educacional y político de la zona la indicación presentada por el senador socialista, Carlos Montes, que prohíbe la difusión de los resultados del Simce por establecimientos. De acuerdo a la moción aprobada dentro de la partida de educación en la Ley de Presupuestos 2015, sin un debate previo en ambas ramas del Congreso, deberán dejar de ser difundidos públicamente como siempre se ha hecho.

Mientras para algunos apoderados esta iniciativa restringe su libre derecho a informarse y escoger el mejor establecimiento, de acuerdo al único parámetro estandarizado de medición que existe en el país, para parlamentarios de la Alianza la forma en la que se aprobó la indicación de Montes fue irregular, ya que la propuesta había sido declarada inadmisible en una Comisión Especial del Senado y se habría repuesto sin informarse como corresponde.

Al respecto, el diputado por la provincia de Marga Marga, Arturo Squella (UDI), indicó que la Alianza acudirá al Tribunal Constitucional y paralelamente a la Contraloría, para evitar que se tome razón del decreto.

"Se está infringiendo varias normas, por cierto que el Tribunal Constitucional debiera declararlo inadmisible o más bien debiera sacar la moción de la Ley de Presupuestos, primero porque es contraria a las ideas matrices del proyecto de Ley y segundo porque requiere un quórum más alto. Nos estamos refiriendo a Leyes Orgánicas y esto se aprobó como Ley simple y así, por cierto, que no corresponde", consignó Squella.

"Poco ético"

Si bien reconoce no estar enterada de cómo se da específicamente la aprobación de ciertas iniciativas, para la presidenta de la Confederación de Padres y Apoderados de Colegios Particulares y Subvencionados (Confepa), Érika Muñoz, la excusa esgrimida por los parlamentarios no es válida.

"No es presentable señalar que la indicación fue aprobada sin el conocimiento necesario, no sé si está bien excusarse diciendo que se presentó un paquete completo que no fue revisado ni leído con detenimiento. Además y respecto al tema de fondo, es poco ético negarle a los padres tener la posibilidad de contar con esa información. En el Simce del año pasado, por primera vez empezaríamos a ver resultados en otros ámbitos, estábamos confiados y ahora nos enfrentamos a esta prohibición que es un claro retroceso en nuestras aspiraciones", aseveró Muñoz.

Opinión con la que concuerda el diputado del movimiento Amplitud, Joaquín Godoy. "Es el comienzo del fin, de esta manera los padres no contarán con un sistema igualitario que permita comparar diversos proyectos educativos, lo que refleja la aspiración de la Nueva Mayoría, que no es otra cosa que tener solo un tipo de educación que responda al Estado", sostuvo el legislador.

"Alto al Simce"

En tanto, para representantes del oficialismo y del Colegio de Profesores, la medida aprobada en el Congreso Nacional es un avance en cuanto a evitar la competencia indiscriminada entre los establecimientos que muchas veces dejan de lado un proceso de aprendizaje significativo en diversos ámbitos, enfocando todos sus esfuerzos en una carrera por conseguir mayor cantidad de matrículas.

"Considero que es una medida de mínima de prudencia para que no se produzca una competencia que es mortífera y que atenta contra todo concepto de calidad de la educación. He suscrito y apoyado que la prueba Simce debe revisarse completamente. Debiésemos empezar a trabajar en los proyectos educativos al interior de las escuelas, generando un estímulo para el aprendizaje de los alumnos, e interesarlos en las distintas materias", manifestó el diputado Rodrigo González (PPD).

El presidente del Colegio de Profesores de la comuna de Valparaíso, Mario Díaz, fue más lejos, señalando en forma enfática que la organización que representa suscribe el planteamiento del movimiento "Alto al Simce" quienes de manera previa al rendimiento de la prueba que midió los contenidos de Lenguaje, Matemática y Ciencias Naturales, entre el 18 y 19 de noviembre, solicitaron al Ministerio de Educación, que se suspenda por tres años el examen estandarizado ya que aseguran "propicia la competencia y no da cuenta de una formación real de los estudiantes".

"La prohibición de la publicación de los resultados de los establecimientos educacionales es un avance, pero nosotros vamos más allá. Un paso es eliminar el ranking y el segundo paso es eliminar las pruebas estandarizadas en nuestro país", aseguró el dirigente comunal de los profesores.

Para el profesor, el Simce ha sido asociado con la medición de calidad, la que desde su punto de vista debe ser evaluada y analizada en forma integral, evitando profundizar aún más la segregación escolar que genera la sensación de que existen liceos de primera, segunda y tercera categoría.